Cayuco

¿Quién protege al juez que denuncia a otros jueces?

“La injusticia en cualquier
parte es una amenaza a la
justicia en todas partes.”

Martin Luther King Jr.

En México, la justicia podría estar enfrentando una de sus contradicciones más peligrosas: que quienes tienen la responsabilidad de impartirla terminen denunciándose entre ellos por presuntas violaciones a la ley.

Y lo más grave es que uno de esos juzgadores asegura estar enfrentando presiones e intimidaciones por cumplir con su responsabilidad.
No se trata de cualquier funcionario.

Se trata del magistrado tabasqueño Ricardo León Caraveo, integrante del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), quien decidió llevar sus señalamientos más allá de los pasillos del Tribunal y presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Federal en Tabasco.

Lo hizo por escrito, con nombres, expedientes, fechas y solicitudes concretas de investigación.

La denuncia, fechada el 2 de julio de 2026, señala a los magistrados José Alfredo Celorio Méndez y Rosendo Gómez Silván, a quienes atribuye presuntas actuaciones contrarias a las disposiciones que regulan el funcionamiento de los órganos colegiados.

Los hechos denunciados son delicados.
León Caraveo sostiene que se emitieron sentencias colegiadas sin respetar las condiciones legales de integración y deliberación de la Sala.

En otras palabras, denuncia que resoluciones que debían ser discutidas y votadas conforme a la ley habrían sido procesadas sin cumplir los requisitos correspondientes. Pero eso no es todo.

El magistrado también denuncia una posible manipulación del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, conocido como SICSEJ.

Según su escrito, determinados registros informáticos habrían sido modificados de manera que se alterara la clasificación de sentencias y se afectara la incorporación de sus votos particulares.

De comprobarse, estaríamos frente a un problema que rebasa cualquier diferencia entre compañeros de trabajo.

Porque una cosa es discrepar jurídicamente de otro magistrado y otra, muy distinta, alterar los procedimientos mediante los cuales se administra justicia.

¿Quién autorizó esas actuaciones? ¿Quién tenía acceso a los sistemas? ¿Dónde están los registros originales? ¿Quién debe responder si se acredita alguna manipulación?

Son preguntas que la autoridad investigadora tendrá que esclarecer.
Sin embargo, hay un capítulo todavía más inquietante.

En su denuncia, Ricardo León Caraveo describe actuaciones que considera intimidatorias y contrarias a su independencia judicial.

Y en el apartado final solicita expresamente medidas urgentes de protección para su integridad física y la del personal adscrito a su ponencia.

Cuando un magistrado federal llega al extremo de pedir protección en el contexto de un conflicto dentro del órgano encargado de impartir justicia, las autoridades no pueden limitarse a mirar hacia otro lado.

Mucho menos cuando existe una denuncia penal que identifica actuaciones, fechas y documentos susceptibles de revisión.

Aquí no se trata de declarar culpable a nadie desde una columna periodística.

Los magistrados señalados tienen derecho a defenderse, presentar sus argumentos y controvertir las acusaciones.

Pero Ricardo León Caraveo también tiene derecho a denunciar sin sufrir represalias.

Y la sociedad tiene derecho a saber qué está ocurriendo dentro de una institución que debe garantizar legalidad, imparcialidad e independencia.

El asunto adquiere una dimensión todavía mayor en momentos en que México atraviesa una profunda transformación de su sistema judicial.

¿De qué sirve hablar de una nueva justicia si dentro de los propios tribunales existen denuncias que ponen en duda la legalidad de sus procedimientos?

¿Quién vigila a quienes juzgan?

¿Quién garantiza que los expedientes, las sentencias y los votos de los magistrados no puedan ser alterados?

La Fiscalía Federal tiene ahora una responsabilidad que no puede quedar atrapada en las relaciones de poder.

Investigar. Preservar las evidencias.
Determinar responsabilidades.
Y garantizar que ninguna persona sea intimidada por denunciar posibles actos ilícitos.

Porque si las acusaciones resultan fundadas, el problema no sería únicamente el comportamiento de dos magistrados.

Estaría en entredicho la confiabilidad de procedimientos fundamentales para la administración de justicia.

Y si las acusaciones no se acreditan, también deberá establecerse con claridad. Lo inadmisible sería el silencio.

La piragua

Ricardo León Caraveo decidió denunciar. Ahora corresponde a las autoridades investigar.

Porque cuando un juzgador teme por su su vida y la de su familia, después de denunciar presuntas irregularidades, la pregunta deja de ser exclusivamente jurídica.

Se convierte en una pregunta para todo México:

Si un magistrado federal necesita protección para defender la legalidad, ¿qué puede esperar un ciudadano común cuando necesita justicia?
Este asunto no solo es local. Nacionalmente hay magistrados involucrados. Ya regresaré con este tema.

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