Cayuco

Octavio Romero Oropeza: ¿el funcionario intocable?

“Cuando el poder protege a sus hombres por encima de la transparencia, la impunidad deja de ser una sospecha y se convierte en una pregunta que el gobierno está obligado a responder”.

De los escándalos de Pemex a los negocios inmobiliarios del Infonavit. Los mismos colaboradores, antiguos contratistas y ahora el dinero de los trabajadores. En Tabasco, una denuncia por presunto despojo pone nuevamente su nombre bajo los reflectores.

Hay personajes en la política mexicana cuya permanencia en el poder parece resistir cualquier cuestionamiento. Cambian los gobiernos, cambian las instituciones, se acumulan las denuncias y aparecen investigaciones periodísticas, pero ellos continúan ocupando posiciones estratégicas.

Uno de esos personajes es Octavio Romero Oropeza.

Hombre de absoluta confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ratificado en una responsabilidad de enorme importancia por la presidenta.

Primero dirigió Petróleos Mexicanos durante seis años. Ahora encabeza el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), organismo que administra miles de millones de pesos provenientes del ahorro de millones de trabajadores mexicanos.

La pregunta resulta obvia: ¿qué tiene Octavio Romero Oropeza para conservar semejante respaldo político, pese a los cuestionamientos que acompañan sus dos administraciones?

No estamos hablando de cualquier funcionario.

Durante su gestión en Pemex, entre 2018 y 2024, México enfrentó graves problemas relacionados con el robo de combustibles, el huachicol fiscal, las deudas de la petrolera, las adjudicaciones directas y las irregularidades en las contrataciones.

Sería irresponsable atribuirle personalmente todos esos hechos sin pruebas. Pero igualmente irresponsable sería pretender que quien encabezó la principal empresa petrolera del país no tiene ninguna explicación que ofrecer sobre lo ocurrido bajo su administración.

Porque una cosa es la responsabilidad penal, que deben determinar las autoridades, y otra muy distinta la responsabilidad administrativa y política de quien dirigió una institución estratégica.

¿Qué sabía Romero Oropeza sobre las irregularidades detectadas en Pemex? ¿Qué investigaciones internas ordenó? ¿Cuántos funcionarios fueron sancionados? ¿Cuántas denuncias llegaron ante la Fiscalía General de la República?

Hasta ahora, esas preguntas merecen respuestas públicas mucho más completas.

De Pemex al Infonavit: los mismos hombres

Pero lo verdaderamente preocupante es que Romero Oropeza no llegó solo al Infonavit. Con él desembarcó parte de su equipo de confianza de Pemex.

Entre los nombres que aparecen está Marcos Manuel Herrería Alamina, uno de sus colaboradores más cercanos, además de otros funcionarios que ocuparon responsabilidades dentro de la petrolera.

El problema no es que un servidor público cambie de institución. El problema comienza cuando, junto con los funcionarios, reaparecen antiguos contratistas y prácticas de adjudicación que ya habían sido objeto de cuestionamientos.

Una investigación de EL CEO, publicada en enero de 2026, documentó que durante los primeros nueve meses de 2025 el Infonavit entregó 96 contratos relacionados con la construcción de 100 mil viviendas, por aproximadamente 50 mil millones de pesos.

De ese universo, 13 grupos empresariales concentraron contratos por más de 14 mil millones de pesos.

Y lo más revelador: al menos tres grupos que habían sido contratistas de Pemex durante la administración de Romero Oropeza obtuvieron contratos de vivienda por más de 4 mil 488 millones de pesos.

¿Coincidencia empresarial o continuidad de relaciones que merecen una investigación?

Otro caso documentado es el de Comercializadora Ala Blanca, vinculada con Rodrigo Rodolfo García Rendón Von Bertrab, quien trabajó como asesor de la Dirección General de Pemex.

La empresa obtuvo un contrato que podría alcanzar aproximadamente 962 millones de pesos para construir viviendas en Tamaulipas.

El Infonavit ha defendido que sus procedimientos permiten participar a las empresas que cumplen los requisitos establecidos.

Pero esa explicación no elimina la obligación de transparentar los criterios de selección, los antecedentes de los contratistas y los posibles conflictos de interés.

El dinero no es del gobierno

Aquí aparece uno de los asuntos más delicados.

El Infonavit no es una secretaría de Estado financiada ordinariamente con el presupuesto federal.

Es un organismo de servicio social con patrimonio propio, integrado principalmente por aportaciones patronales, recuperación de créditos y rendimientos financieros.

Los recursos de las subcuentas de vivienda son de los trabajadores.

No pertenecen al presidente, al director general ni al partido gobernante.

La reforma aprobada en 2025 permitió que el Infonavit participara directamente en la construcción de viviendas mediante una empresa filial.

El objetivo social de construir casas accesibles puede ser legítimo y necesario. Millones de mexicanos necesitan vivienda digna.

Pero una buena intención no sustituye los controles financieros.

Porque ahora el instituto no solamente otorga créditos: también participa en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, con los riesgos propios de la adquisición de terrenos, construcción, costos, retrasos y comercialización.

¿Quién responderá si una obra resulta más cara de lo presupuestado? ¿Quién absorberá las pérdidas si un desarrollo fracasa? ¿Qué garantías existen para proteger el patrimonio de los trabajadores?

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la obligación política de explicar cómo se protege ese ahorro, más allá de la confianza personal depositada en Romero Oropeza.

El terreno de la consuegra y la denuncia de despojo

Y mientras a nivel nacional crecen las preguntas sobre los contratos del Infonavit, en Tabasco aparece un expediente que merece especial atención.

El periodista José Raúl Reyes publicó el pasado 5 de noviembre una denuncia relacionada con terrenos destinados a la construcción de viviendas en la ranchería Río Seco y Montaña, municipio de Huimanguillo.

La denunciante, Yadira Escalante Cuevas, sostiene que maquinaria vinculada con obras del Infonavit ocupó parte de una propiedad de su familia.

El conflicto involucra un terreno colindante cuya compraventa, según la denuncia, fue acordada con Teresa Burelo Cortázar, identificada como consuegra de Octavio Romero Oropeza.

La afectada asegura que dentro de la operación se incluyó indebidamente una porción de su propiedad.

También denuncia que el ayuntamiento de Huimanguillo ocupó otros 820 metros cuadrados para construir una vialidad, presuntamente sin autorización ni indemnización.

Lo más grave es que, de acuerdo con la información publicada, la denunciante acudió desde febrero a la Fiscalía General del Estado y posteriormente solicitó la intervención del gobernador y del Congreso local.

La Fiscalía determinó no ejercer acción penal, decisión que la afectada cuestiona.

Es importante precisar que estamos ante señalamientos de una denunciante, no ante una sentencia judicial que haya acreditado despojo o responsabilidad del director del Infonavit.

Pero precisamente por eso resulta indispensable una investigación transparente.

¿Quién vendió exactamente el terreno? ¿Quién autorizó su adquisición? ¿Qué avalúos se realizaron? ¿Se revisaron los antecedentes registrales y catastrales? ¿Existe algún conflicto de interés por el parentesco señalado?

Y una pregunta todavía más incómoda:

¿Puede una ciudadana tabasqueña enfrentar en igualdad de condiciones a las instituciones cuando su reclamación involucra un proyecto federal encabezado por un funcionario políticamente influyente?

¿Y Javier May, el Congreso y la Fiscalía?

El asunto también coloca bajo escrutinio a las autoridades de Tabasco.

El gobernador Javier May Rodríguez, quien ayer domingo presentó su segundo informe de gobierno, debería informar si recibió la petición de intervención de la denunciante y qué seguimiento se le dio.

La alcaldesa de Huimanguillo, Mari Luz Velázquez Jiménez, tendría que explicar la actuación del ayuntamiento respecto de la vialidad cuestionada.

La Fiscalía estatal debe esclarecer los fundamentos de su determinación y las vías legales disponibles para revisar el caso.

Y el Congreso del Estado, donde Morena tiene mayoría, podría solicitar información y escuchar a los afectados.

Porque la defensa del derecho de propiedad y el acceso a la justicia no deberían depender del partido al que pertenezcan los funcionarios involucrados.

La confianza presidencial no es inmunidad

Andrés Manuel López Obrador depositó una enorme confianza en Octavio Romero Oropeza.

Claudia Sheinbaum decidió mantenerlo dentro de su equipo, ahora al frente de una institución que administra recursos de los trabajadores.

Ambas decisiones políticas son legítimas. Lo que no sería aceptable es que esa confianza sustituyera las auditorías, las investigaciones o la obligación de rendir cuentas.

Romero Oropeza tiene derecho a defender su gestión, explicar las contrataciones y responder a los señalamientos.

Pero los trabajadores también tienen derecho a saber qué ocurre con su dinero. Y los ciudadanos de Huimanguillo tienen derecho a que cualquier conflicto de propiedad se resuelva conforme a la ley, sin privilegios ni presiones.

El verdadero problema no es solamente Octavio Romero Oropeza.
Es la posibilidad de que las relaciones personales con el poder terminen pesando más que los mecanismos institucionales de vigilancia.

Porque si algo debe quedar claro es que el dinero del Infonavit no es patrimonio político de la Cuarta Transformación. Es patrimonio de los trabajadores mexicanos.

Y mientras no se esclarezcan los cuestionamientos sobre Pemex, las contrataciones del Infonavit y el conflicto inmobiliario de Huimanguillo, persistirá una pregunta que ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum deberían dejar sin respuesta:

¿Octavio Romero Oropeza es un funcionario sujeto a la rendición de cuentas como cualquier otro, o la confianza presidencial lo ha convertido en un hombre políticamente intocable?

Porque en una democracia nadie debería estar por encima de la ley.
Ni siquiera los hombres de mayor confianza de dos presidentes.

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