Testigo fiel
Las imágenes que llegan desde París vuelven a recordarnos una realidad que los gobiernos suelen ignorar hasta que la tienen enfrente: cuando el dinero deja de alcanzar, las oportunidades se reduzcan y la inconformidad se acumule, tarde o temprano la protesta encontrará espacio en las calles.
Francia lo ha vivido en distintas etapas. El aumento en el costo de vida, decisiones gubernamentales impopulares y el desgaste de la confianza ciudadana han provocado movilizaciones masivas que obligaron al Estado a desplegar importantes operativos de seguridad.
México observa esos acontecimientos como si ocurrieran en un mundo distante. Sin embargo, aquí también comienzan a sentirse las presiones económicas que preocupan ya a millones de familias. La inflación, el encarecimiento de productos básicos y la incertidumbre económica empiezan a reflejarse en los hogares y se espera se acrecienten aún más.
Por eso resulta inevitable recordar un hecho ocurrido en 2023, cuando se informó en esas fechas de la adquisición de equipos antimotines para la Guardia Nacional por más de 700 millones de pesos. Cascos, escudos, máscaras antigás, toletes, equipo de protección y vehículos especiales fueron comprados para enfrentar las manifestaciones, protestas y disturbios.
Recuerdo que en aquel momento advertí en un artículo que escribí que esa noticia no debía analizarse de manera aislada. Que habían razones para preocupar. Nadie lo hizo. Ningún medio hizo referencia al tema.
No hay que dejar pasar que desde años antes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había comenzado a entregar a las Fuerzas Armadas responsabilidades cada vez más alejadas de su misión original. Los militares dejaron de concentrarse exclusivamente en la defensa y la seguridad para convertirse en constructores de aeropuertos, administradores de aduanas, operadores de proyectos estratégicos y responsables de múltiples obras civiles.
Muchos vieron en ello una muestra de eficiencia. Yo observé algo distinto: una creciente concentración de responsabilidades y poder en una institución cuya función constitucional era otra.
Por eso la compra de equipo antimotines llamó mi atención.
No porque el Estado no tenga la obligación de preservar el orden público. Esa responsabilidad es incuestionable. Lo que me preocupó entonces, y me preocupa ahora, es que pareciera existir mayor preparación para contener la inconformidad que para evitar las causas que la generan.
Hoy, cuando diversas economías enfrentan tensiones sociales derivadas del encarecimiento de la vida y cuando las imágenes de protestas vuelven a ocupar espacios informativos, aquella reflexión adquiere una nueva vigencia.
La historia demuestra que ningún gobierno puede resolver el malestar social únicamente mediante dispositivos de control.
Los escudos contienen manifestaciones; no eliminan las razones que las provocan.
Cuando los salarios pierden capacidad de compra, cuando la incertidumbre económica se instala en los hogares y cuando las expectativas se reducen, el descontento comienza a crecer silenciosamente.
Y entonces surge una pregunta que sigue esperando respuesta:
¿Las autoridades están preparando soluciones para los problemas que preocupan a la población o se están preparando para administrar sus consecuencias? Creo que para lo segundo, una tarea pendiente hasta ahora.
París nos recuerda que las crisis sociales no aparecen de un día para otro. Se incuban lentamente en los bolsillos de la gente, en las preocupaciones cotidianas y en la sensación de que nadie escucha.
Al final, ningún gobierno debería olvidar una verdad elemental: la mejor estrategia para mantener la estabilidad social no está en los escudos policiacos, sino en la capacidad de ofrecer bienestar, certidumbre y esperanza a sus ciudadanos.




