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Legalidad en riesgo

Invasión de predios y venta irregular de terrenos en Ixtacomitán, Centro

La reciente actuación del delegado municipal Ricardo Baeza Camacho, al difundir un video en el que respalda a una persona que ingresó sin acreditar derecho alguno a un inmueble ubicado en el Fraccionamiento América, Ixtacomitán Primera Sección, propiedad de la familia Vadillo, no solo vulnera la confianza de los vecinos, sino que compromete la imagen de la administración encabezada por la alcaldesa, Yolanda Osuna Huerta.

El caso ya cuenta con denuncia penal formalizada bajo el Número Único de Caso: CI-CPJ_VHSA-4076/2026, lo que demuestra que no se trata de un simple conflicto vecinal, sino de un asunto jurídico que debe ser atendido con seriedad y apego a la ley.

Además, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco es extraordinariamente clara. Su artículo 100 establece como prohibición para delegados, subdelegados, jefes de sector y de sección

"Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes inmuebles o intervenir, en cualquier otro asunto de carácter civil o penal…”

La actuación del delegado, al involucrarse y respaldar públicamente una ocupación irregular, contraviene de manera directa esta disposición legal. Con ello, deja en entredicho la seriedad del Ayuntamiento y proyecta la idea de que las autoridades locales pueden tomar partido sin verificar documentos ni constatar la situación jurídica de las partes.

La familia Vadillo cuenta con escrituras que acreditan su propiedad y ha advertido a la ciudadanía mediante anuncios de no compre problemas que existen predios ofrecidos por terceros en venta sin facultades legales. Su intención ha sido desde siempre la de proteger a compradores de buena fe y evitar fraudes patrimoniales.

La pregunta inevitable es: ¿qué documento verificó el delegado antes de acusar públicamente a la familia de intimidación? ¿Le fueron exhibidas escrituras? ¿Revisó la documentación de ambas partes?

Respaldar a una ocupación irregular sin verificar derechos es un precedente peligroso. Hoy afecta a una familia en sus bienes; mañana puede afectar a cualquier ciudadano que confíe sus ahorros en la compra de un terreno.

Exhortamos al Ayuntamiento y a la alcaldesa, Yolanda Osuna Huerta a que se deslinden responsabilidades y se garantice que ningún funcionario actúe fuera de la legalidad.

La propiedad se acredita con documentos y las controversias se resuelven ante las autoridades competentes, no con respaldos políticos ni publicaciones en redes sociales.

La ciudadanía merece certeza jurídica y autoridades que actúen con responsabilidad. No normalicemos la invasión de predios ni la venta irregular de terrenos. Que prevalezca la legalidad y que se investiguen los hechos hasta sus últimas consecuencias.