La agenda en red

¿De qué lado estamos?

En los últimos días se ha desatado una fuerte discusión por una decisión de la Suprema Corte relacionada con una reforma aprobada en Chihuahua.

Dicho en palabras sencillas, el Congreso de ese estado buscó poner candados para evitar que personas favorecidas por grupos criminales pudieran llegar al poder. 

Posteriormente, la Corte invalidó parte de esas medidas al considerar que no podían aplicarse de manera automática. 

Y aquí empieza el debate.

Porque más allá de abogados, jueces y políticos, la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es muy simple:

¿Queremos o no queremos que el crimen organizado se mantenga lejos de los gobiernos?

La respuesta parece obvia.

Nadie quiere que un alcalde, un diputado o un gobernador llegue al cargo gracias al dinero sucio, las amenazas o el apoyo de grupos criminales.

Sin embargo, cuando se intenta cerrar esa puerta, aparecen discusiones, recursos legales, impugnaciones y resoluciones judiciales que terminan confundiendo a la gente.

Y mientras eso ocurre, el ciudadano común sigue viendo la misma realidad.

Ve regiones donde el miedo manda más que la autoridad.

Ve campañas políticas que levantan sospechas.

Ve candidatos que de la noche a la mañana tienen recursos que nadie puede explicar.

Ve violencia en tiempos electorales.

Y entonces surge una pregunta incómoda:

Si sabemos que la infiltración criminal existe, ¿por qué parece tan difícil impedir que llegue a los espacios de poder?

Nadie está pidiendo injusticias.

Nadie está pidiendo condenar a alguien sin pruebas.

Lo que la gente quiere es algo mucho más sencillo: elecciones limpias y gobiernos libres de cualquier influencia criminal.

Eso no debería tener colores partidistas.

No debería ser una causa del PAN, de Morena, del PRI o de cualquier otro partido.

Debería ser una causa de todo México, ya que cuando el crimen organizado logra acercarse al poder, no gana un partido.

Pierde el ciudadano.

Pierde la democracia.

Y pierde el país.

La verdadera discusión no es quién ganó este debate jurídico.

La verdadera discusión es cuándo tendremos leyes e instituciones capaces de garantizar que ningún delincuente, ningún grupo criminal y ningún interés oscuro pueda decidir quién gobierna a los mexicanos.

Esa es la pregunta que sigue sin respuesta.

Y esa es la que realmente debería preocuparnos.