La agenda en red

El gran simulacro electoral existente

Hay cosas que solamente entienden los políticos.
Y hay otras que entiende perfectamente cualquier ciudadano.
Por ejemplo, Morena, como siempre, acaba de designar coordinadores estatales en las entidades donde habrá elección de gobernador. Oficialmente no son candidatos. Formalmente no están en campaña. Legalmente desempeñan otro papel. Pero la experiencia reciente demuestra que muchos de esos coordinadores terminan siendo los candidatos oficiales y varios llegan incluso a convertirse en gobernadores.

Diversos medios señalan que esas coordinaciones es la antesala de las futuras candidaturas.

Entonces surge una pregunta simple.
¿A quién quieren convencer?
Porque el ciudadano ya aprendió a leer entre líneas.
Si una persona recorre durante meses un estado, encabeza reuniones, aparece en medios, distribuye propaganda partidista, promueve los logros de un gobierno y construye una estructura política territorial, difícilmente alguien puede creer que se trata de una simple tarea interna del partido.

Podrán cambiarle el nombre cuantas veces quieran.
Coordinador.
Enlace.
Promotor.
Defensor de la transformación.
Representante especial.
Da lo mismo.
La función real es exactamente la misma: posicionar políticamente a quien más adelante aparecerá en la boleta electoral.

Y aquí es donde entra el verdadero problema.

Morena hace lo que cualquier partido haría si las autoridades se lo permiten.
El problema entonces es el árbitro.

El Instituto Nacional Electoral fue creado precisamente para evitar ventajas anticipadas y garantizar condiciones equitativas para todos los competidores.
Sin embargo, los ciudadanos observan año tras año el mismo procedimiento.
Primero aparece el coordinador.
Después recorre el estado.
Más tarde encabeza actos políticos.
Luego se vuelve candidato.
Y finalmente compite por la gubernatura.
La secuencia se repite una y otra vez.
Y aun así las autoridades actúan como si no vieran nada.

Ése es el origen de la desconfianza.
Porque para el ciudadano común resulta difícil entender por qué existe tanta preocupación por regular contenidos informativos, coberturas periodísticas o expresiones públicas, mientras se guarda silencio frente a mecanismos políticos que son visibles para cualquiera.

La pregunta es inevitable:
¿Dónde empieza una campaña?
Porque para millones de mexicanos empieza mucho antes de que las autoridades decidan reconocerla.
El problema no es jurídico.
El problema es de credibilidad.
Cuando la gente siente que las reglas son estrictas para unos y flexibles para otros, deja de confiar en las instituciones.
Y cuando una institución pierde credibilidad, pierde gran parte de su autoridad moral.
Y México corre el riesgo de acostumbrarse a un enorme simulacro donde todos dicen que algo no es una campaña mientras millones de ciudadanos observan exactamente lo contrario.

Los políticos podrán seguir discutiendo tecnicismos.
Pero en la calle la gente ya emitió su veredicto.
Y ese veredicto es devastador:
No importa cómo le llamen.

Todos sabemos lo que es.