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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre de 2026.- El escándalo del huachicol fiscal golpea directamente a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, mientras crece la percepción de que el gobierno federal protege a mandatarios oficialistas señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La más reciente encuesta nacional de México Elige revela que 58 por ciento de los participantes está de acuerdo con señalar a Andy López Beltrán como presunto responsable del huachicol fiscal: 53.2 por ciento se manifestó muy de acuerdo y 4.8 por ciento algo de acuerdo.
En contraste, 37.7 por ciento rechazó el señalamiento, mientras 4.3 por ciento respondió que no sabe.
Cuando se preguntó quién sería el principal responsable de esta trama de contrabando de combustibles y evasión tributaria, 32 por ciento señaló directamente a Andy López Beltrán y su grupo.
Otro 29.5 por ciento distribuyó la responsabilidad entre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y mandos de la Secretaría de Marina, mientras 24.8 por ciento responsabilizó únicamente a integrantes de esa institución.
Solo 8.2 por ciento consideró que las acusaciones contra López Beltrán carecen de sustento y 5.5 por ciento no fijó una posición.
Los resultados muestran que el caso ha trascendido las denuncias partidistas y comienza a representar un costo político para el dirigente morenista: prácticamente seis de cada 10 consultados consideran válido relacionarlo con el huachicol fiscal y menos de uno de cada 10 califica la acusación como infundada.
El desgaste alcanza también al gobierno federal. Ante los casos de gobernadores de Morena señalados por presunto narcotráfico o investigaciones en Estados Unidos, como Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Marina del Pilar Ávila, de Baja California, 56.5 por ciento considera que las autoridades federales los han protegido.
Únicamente 32.9 por ciento estima que el gobierno ha actuado con firmeza; 7.6 por ciento respondió que depende de cada caso y 3 por ciento dijo no saber.
En el caso particular de Rocha Moya, 55 por ciento está muy de acuerdo en que su situación refleja un problema de fondo sobre la forma en que Morena elige y protege a sus gobernadores, mientras 26.8 por ciento está algo de acuerdo. En conjunto, esa percepción alcanza 81.8 por ciento.
Además, 35.8 por ciento considera que el regreso de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, seguido de una solicitud de licencia indefinida, buscó evitar una extradición o un proceso judicial.
Para 30.3 por ciento, su situación política era ya insostenible; 16.6 por ciento cree que fue presionado por Morena y el gobierno federal, y 17.3 por ciento no supo responder.
La medición de México Elige fue levantada del 4 al 8 de septiembre de 2026 entre dos mil 33 ciudadanos mexicanos mayores de edad, residentes en el territorio nacional, con acceso a dispositivos móviles y presencia en Facebook e Instagram.
El estudio reporta un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de más o menos 3.2 por ciento, incluido el factor de ajuste por diseño muestral. Los datos fueron procesados mediante una técnica de ponderación multidimensional.
La combinación de ambos temas configura una señal adversa para Morena: mientras Andy López Beltrán concentra una parte sustancial de las sospechas por el huachicol fiscal, la mayoría de los encuestados percibe que el poder federal no enfrenta con firmeza los señalamientos contra figuras relevantes del oficialismo.
Más que episodios aislados, los resultados reflejan una misma sospecha ciudadana: la posible existencia de una red de protección política alrededor de personajes vinculados con Morena, desde su dirigencia nacional hasta los gobiernos estatales.




