Pide PT medir la calidad del aire para determinar si son gases tóxicos
VILLAHERMOSA, Tab., 1 de abril de 2026.- Recibir un diagnóstico de autismo de algún integrante de la familia marca el inicio de un camino de retos emocionales, pero en Tabasco, también representa un impacto financiero que pocos pueden sostener.
En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, especialistas y directoras de centros de atención como Cisadi coinciden en que la falta de infraestructura pública y personal capacitado en las aulas ha convertido la atención de esta condición en un privilegio que tiene un alto costo.
Marisabel Menéndez y Monyka Vidal López, directoras del Centro de Integración Sensorial para el Aprendizaje y Desarrollo Infantil (Cisadi), explican que las terapias y el acompañamiento escolar especializado son fundamentales para el desarrollo de los menores, pero sus precios resultan prohibitivos para la mayoría de los estratos sociales en la entidad.
De acuerdo con las especialistas, una familia promedio en Tabasco puede llegar a invertir más de 11 mil pesos mensuales para cubrir las necesidades básicas de un menor con esta condición. El desglose de los gastos operativos y terapéuticos evidencia la magnitud del reto económico:
Muchos papás nos dicen que es un privilegio tener un niño con diagnóstico, y lo dicen por lo caro que resulta costearlo", puntualiza Menéndez,
La psicóloga y destaca que la figura de la maestra sombra es una carga que recae directamente en los padres debido a que el sistema educativo —normalista y privado— no cuenta con el aprendizaje específico necesario.
A pesar de la relevancia social del tema, Tabasco carece actualmente de un censo que determine cuántos niños viven con esta condición. Esta invisibilidad estadística es precisamente uno de los puntos que busca resolver la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Tabasco, aprobada el pasado 19 de marzo.
Esta legislación representa una esperanza para que el tratamiento deje de ser una cuestión de estatus social. El objetivo es que la nueva ley brinde oportunidades accesibles para que toda la comunidad, sin importar su nivel socioeconómico, pueda acceder a diagnósticos y tratamientos respaldados por el estado, integrando finalmente a profesionales de la educación especial en el sistema escolar de la entidad.