Plantean creación de la Universidad de Policía en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., 23 de septiembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y consolidar la paz en la entidad, el gobernador Javier May Rodríguez encabezó la XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Tabasco, en la que se presentaron propuestas clave para elevar las sanciones penales por homicidio y profesionalizar a los cuerpos policiales.

Durante el encuentro, celebrado en el salón Gorostiza de Palacio de Gobierno con la presencia de autoridades federales, estatales, la Mesa de Paz y alcaldes municipales, el mandatario estatal hizo un llamado a mantener una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno para priorizar la tranquilidad de la población.

Como parte de los acuerdos presentados, el Fiscal General del Estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, expuso una propuesta legislativa para incrementar las condenas por el delito de homicidio:

• Homicidio simple: Subir las penas a un rango de 12 a 24 años de prisión.
• Homicidio calificado: Elevar las sanciones de 25 a 50 años de cárcel.

El fiscal señaló que el ajuste busca adecuar las penas mínimas a la gravedad del delito, equiparándolas con las normativas de otras entidades del país para inhibir los actos de violencia.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López, presentó el proyecto para transformar gradualmente la actual Academia de Policía del Estado en una Universidad de Policía.

El funcionario precisó que el proceso se desarrollará por etapas para construir las bases institucionales y académicas necesarias, permitiendo ofrecer educación superior, especialización, actualización y formación en alta dirección para los elementos de seguridad.

El gobernador Javier May enfatizó que la política de seguridad de su administración se basa en el uso de herramientas tecnológicas, inteligencia y la capacitación continua de las corporaciones. Asimismo, destacó que las decisiones tomadas en el Consejo permitirán reorientar los recursos públicos hacia las zonas territoriales con mayores necesidades, consolidando una respuesta más eficaz de las instituciones de procuración de justicia.