Testigo fiel

El llamado “Plan B” electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza, pero lo hace cargando los mismos vicios que han marcado su discusión desde el inicio, opacidad en las decisiones de fondo, simulación en los cambios y una evidente tensión política incluso dentro de su propio bloque.

Tras haber sido frenada en San Lázaro, la iniciativa reaparece con “ajustes técnicos” que, en los hechos, no alteran el corazón del proyecto. Es decir, se corrige la forma, pero no el fondo. 

Su rápida convocatoria y aprobación en comisiones evidencian más prisa política que voluntad real de discusión.

Se repite así la constante de acelerar los procesos cuando conviene, aunque ello implique debilitar el debate parlamentario.

Uno de los puntos más controvertidos es la revocación de mandato, el cual permanece intacto. Se mantiene la posibilidad de solicitarla entre el segundo y tercer año de gobierno y realizarla en el tercer o cuarto año. 

Pero lo verdaderamente delicado no es el calendario, sino la permisividad para que la persona titular del Ejecutivo promueva el voto en dicho ejercicio.

Esto rompe, en los hechos, el principio de equidad, pues quien detenta el poder no solo se somete a evaluación, sino que puede influir directamente en ella.

La experiencia reciente demuestra que estos mecanismos, lejos de ser ejercicios ciudadanos puros, pueden convertirse en herramientas de movilización política desde el poder.

Vamos, permitir la promoción desde el Ejecutivo abre la puerta a un uso faccioso de recursos, narrativa y presencia mediática, algo que distorsiona la competencia democrática.

En contraste, los cambios introducidos en el tema de regidurías parecen más un intento de corregir errores evidentes que una apuesta por mejorar el sistema.

Restablecer la paridad de género, tras haberla eliminado previamente, no es un avance, sino una rectificación obligada ante el costo político de su omisión.

Lo mismo ocurre con el límite de 15 regidurías, una medida técnica que no compensa las inconsistencias estructurales del proyecto enviado por la inquilina de Palacio Nacional.

El problema de fondo es político, no administrativo. Y ahí es donde la iniciativa comienza a mostrar fisuras. Ni siquiera los aliados tradicionales de Morena, como el PT y el PVEM, están completamente alineados.

Para nadie es un secreto que adelantar la revocación de mandato podría contaminar el proceso electoral de 2027, permitiendo que la figura presidencial influya indirectamente en las campañas.

La propuesta de mover este ejercicio a 2028, haciéndolo coincidir con la elección judicial, tenía lógica política, esto es, reducir la interferencia electoral y dar mayor claridad a los procesos. 

Sin embargo, Morena parece decidido a ignorar incluso a sus propios aliados. Esta cerrazón no solo debilita la cohesión del bloque oficialista, sino que anticipa un escenario complicado en el pleno del Senado.

El “Plan B”, en este contexto, deja de ser una reforma electoral para convertirse en una prueba de fuerza. No se trata de mejorar las reglas del juego democrático, sino de ajustarlas a conveniencia, aun a costa de generar incertidumbre y desconfianza. 

Y cuando una reforma electoral genera más dudas que certezas, el problema no es de percepción, sino de diseño.