Carta abierta

Vienen por ellos

Tras más de un año de especulaciones sin acciones concretas, el escenario ha cambiado. Las declaraciones del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, recogidas por Los Angeles Times, anuncian una ofensiva sin precedentes.

La administración de Donald Trump ha dejado claro que, pese a la guerra con Irán, su enfoque en la lucha contra los cárteles de la droga y sus protectores políticos en México sigue siendo una prioridad.

¿Quiénes serán los primeros en enfrentar la justicia estadounidense con nombres y apellidos? La revelación del periodista Steve Fisher sobre la revocación de la visa al gobernador Rubén Rocha Moya en 2025 es solo el preámbulo.

El mecanismo de castigo evolucionará de la simple cancelación de permisos de viaje a acusaciones formales en cortes federales.

El uso de delatores de alto perfil, como Joaquín y Ovidio Guzmán, hijos de El Chapo, dice que la evidencia contra funcionarios de diversos niveles, incluyendo a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, podría ser contundente.

Bajo el marco del T-MEC, Estados Unidos exige que la corrupción y el soborno sean tipificados y castigados severamente. Esto coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición compleja.

La mandataria ha mantenido una postura clara, exigiendo respeto a la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera.

Sin embargo, ante la inminente citación de funcionarios presuntamente vinculados a los cárteles, su gobierno enfrentará el reto de limpiar la casa sin ceder ante presiones que vulneren la soberanía nacional.

Sheinbaum enfrenta el reto de cumplir con las exigencias del T-MEC sobre la criminalización del soborno, mientras intenta preservar la estabilidad política de su proyecto ante las próximas revelaciones que Washington prepara.

:La rúbrica

La revelación de que el hijo de Marcelo Ebrard vivió varios meses en la embajada de México en Londres le produjo un daño político importante porque se convirtió en un tema sobre privilegios, uso de recursos públicos y posible nepotismo. El caso golpea muy duro su imagen de funcionario técnico y disciplinado. Aunque Ebrard sostiene que no hubo abuso y que la estancia fue un ofrecimiento de la embajadora en plena pandemia, la narrativa pública se concentró en que su hijo recibió hospedaje y atenciones dentro de una sede diplomática, un espacio para funciones oficiales.  La apertura de una investigación por parte de autoridades anticorrupción mantiene el tema vivo y obliga a Ebrard a defenderse en un plano legal y no solo mediático. Mientras exista esa indagatoria, el caso seguirá siendo una fuente de desgaste para su imagen.