Testigo fiel
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió eliminar la regla del IMSS que negaba a niños con discapacidad el acceso a prótesis, aparatos auditivos, implantes cocleares y otros apoyos médicos. Con esta decisión, las familias ya no tendrán que gastar fortunas ni pasar años en tribunales para que sus hijos reciban lo que necesitan. Ahora es un derecho exigible para todos los menores derechohabientes. Es un triunfo de la Constitución y de la niñez mexicana.
Pero no todos estuvieron de acuerdo. La ministra Lenia Batres, que se presenta como “del pueblo”, votó en contra. Su argumento fue que no se podía asegurar que el IMSS tuviera dinero suficiente para dar estos apoyos de manera general. En los hechos, se puso del lado del gobierno y no del pueblo.
El problema es claro: el gobierno mexicano está quebrado. Los excesos de gasto, la deuda externa y los programas sociales que han vaciado las finanzas públicas se usan ahora como excusa para limitar derechos. Y esa postura es peligrosa: convierte la falta de presupuesto en un límite a la Constitución.
Los derechos no dependen de la caja chica del gobierno. Los niños con discapacidad no pueden esperar a que “haya dinero” para recibir un implante coclear o una prótesis. Cada día perdido significa condenar a un menor a una discapacidad permanente. El IMSS ya ha demostrado que puede hacerlo: en 2025 realizó decenas de implantes. Lo que falta no es capacidad, sino voluntad.
Hoy la Corte corrigió una injusticia histórica. Pero el voto en contra de Lenia Batres muestra la fractura: un gobierno endeudado que pretende administrar la Constitución como si fuera un presupuesto más. La niñez mexicana ganó, la Constitución ganó. Y el pueblo debe exigir que nunca más se subordinen los derechos humanos a la contabilidad de un Estado quebrado.