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Tabasco 2027: el poder bajo sospecha y la imparcialidad electoral

La legitimidad de una elección no depende únicamente del conteo de los votos, sino de la imparcialidad de las autoridades que organizan el proceso, fiscalizan los recursos y resuelven las controversias. Cuando surgen denuncias de presunta corrupción o parcialidad en el Instituto Nacional Electoral (INE), el problema trasciende lo administrativo: pone bajo escrutinio las condiciones en que se disputa el poder.

Los señalamientos sobre posibles irregularidades en contrataciones y conflictos de interés exigen investigaciones rigurosas, transparencia y responsabilidades cuando se acrediten infracciones. Las acusaciones no equivalen a sentencias, pero tampoco deben descartarse sin esclarecer los hechos. La cuestión de fondo es si los mecanismos de control funcionan incluso cuando las sospechas involucran a quienes ejercen autoridad.

Corrupción y parcialidad electoral son fenómenos distintos. La primera supone el posible uso indebido de recursos o funciones públicas; la segunda, un trato desigual que favorezca o perjudique a determinados contendientes. Sin embargo, ambas pueden comprometer la equidad democrática cuando faltan controles eficaces y decisiones debidamente fundamentadas.

En Tabasco, esta discusión adquiere especial relevancia rumbo a 2027, cuando se renovarán las 35 diputaciones locales y las 17 presidencias municipales. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) deberá garantizar que las reglas sobre propaganda, financiamiento y actos anticipados de campaña se apliquen sin distinciones partidistas.

Las denuncias sobre posibles presiones externas o interferencias en las decisiones del organismo local también merecen atención. Una acusación no demuestra por sí sola subordinación al gobierno estatal; pero, si existen indicios verificables, corresponde investigarlos. La autonomía electoral se comprueba mediante resoluciones independientes, criterios jurídicos consistentes y ausencia de privilegios.

El riesgo no se limita a una eventual alteración de resultados. También puede surgir antes de la jornada electoral, si la fiscalización es desigual, las denuncias se resuelven tardíamente o determinadas candidaturas reciben un trato preferencial. Por ello, las autoridades deben explicar sus decisiones con evidencia y garantizar mecanismos efectivos de impugnación.

El INE y el IEPCT tienen atribuciones distintas: las investigaciones sobre el organismo nacional no prueban automáticamente parcialidad en Tabasco. Sí refuerzan la necesidad de revisar los controles institucionales y exigir rendición de cuentas. A los partidos les corresponde documentar sus acusaciones y acudir a las vías legales; a las autoridades, resolver sin favoritismos, independientemente de quién resulte beneficiado o perjudicado.

El árbitro electoral no puede convertirse en aliado de quienes buscan conservar o conquistar el poder. Su función es garantizar condiciones equitativas para que la ciudadanía decida libremente.

Rumbo a 2027, la prueba decisiva será que las denuncias se investiguen, los recursos se fiscalicen y las reglas se apliquen por igual. Si existen responsabilidades, deberán determinarse; si las acusaciones carecen de sustento, habrá que explicarlo con argumentos verificables.

La democracia no solo se debilita cuando se altera un resultado, también se debilita cuando las instituciones no pueden demostrar que sus decisiones están libres de intereses particulares. Tabasco necesita un árbitro cuya independencia se acredite con hechos, no con declaraciones.