Agua y pantano

La seguridad no se improvisa

La 37 sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública dejó una propuesta que merece un análisis puntual: transformar la actual Academia de Policía de Tabasco en una Universidad de Policía, capaz de ofrecer educación superior especializada para profesionalizar a quienes tienen bajo su responsabilidad la seguridad de los ciudadanos.

El problema no está en la idea, sino en la manera en que fue presentada. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López, explicó que no se pretende crear una universidad “de un día para otro”, sino construir gradualmente las condiciones institucionales, normativas, académicas, administrativas y de infraestructura necesarias. Sin embargo, en la información pública de la sesión no se presentó un diagnóstico específico, modelo académico, presupuesto, calendario, metas o indicadores que permitan dimensionar el proyecto.

Esto resulta relevante porque la profesionalización policial no es un asunto nuevo en la planeación estatal. El PLED 2024-2030 ya establece como objetivos mejorar el desempeño profesional del personal de la Academia, actualizar y especializar a sus integrantes y modernizar sus instalaciones. La creación de una universidad podría ser, por tanto, un paso siguiente; pero precisamente por su trascendencia tendría que haberse explicado cómo se inserta dentro de esa política y qué transformación institucional se pretende alcanzar. 

Más aún, hubiese sido deseable que lo que se informaran fueran los avances del proyecto, no solo intenciones.

Hay experiencias que ofrecen referencias. Nuevo León creó por ley en abril de 2011 su Universidad de Ciencias de la Seguridad, en el mismo contexto en que construyó una nueva policía estatal, Fuerza Civil. No fue solamente cambiar una academia por una universidad: el proceso involucró profesionalización, carrera policial, formación especializada y la participación de gobierno, sector empresarial y sociedad civil en la definición de la política de seguridad.

Tabasco parece dar pasos consistentes en este sentido: se construye el C5 Escudo Olmeca, recientemente la Policía Estatal se convirtió en Guardia Estatal y hace unas semanas fueron instalados los Consejos de Paz y Justicia Cívica. El propio decreto que dio origen a la Guardia justificó el cambio, entre otras razones, como una “transformación simbólica y comunicativa” orientada a reconstruir la relación entre ciudadanía y policía.

Lo que todavía falta conocer es cómo todas estas piezas forman parte de un mismo modelo.

Una verdadera transformación policial requiere mucho más que nuevos nombres, instalaciones o tecnología: exige definir qué policía necesita Tabasco, cómo será reclutada, formada, evaluada y promovida; qué capacidades tendrá en prevención, proximidad, investigación e inteligencia, y mediante qué indicadores se evaluarán sus resultados.

Para ello deberían participar también universidades, especialistas, organizaciones sociales y sectores productivos. La seguridad pública requiere continuidad, evaluación y decisiones sustentadas en evidencia. Las buenas intenciones pueden ser el punto de partida, pero no deben sustituir al plan.

Aumento de penas, propuesta del fiscal

Durante la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el fiscal General del Estado, Tonathiu Vázquez Landeros, presentó una propuesta para incrementar las penas por el delito de homicidio, con el fin de homologarlas con las de otras legislaciones del país.

Con el cambio, el castigo por homicidio simple pasaría de 12 a 24 años de cárcel -actualmente es de 8 a 20 años- y por homicidio calificado la pena mínima ya no sería de 20 sino de 25 años y la máxima se mantendría en los 50 años.

El fiscal dijo en su intervención que su propuesta no responde a a los aumentos de homicidios, “sino a una estrategia de política criminal”, para que los castigos por la comisión de delitos graves sean proporcionales. 

Esta justificación resulta relevante, pues no parte de una idea de que con el aumento de penas bajará el delito, sino, como lo dijo el funcionario, responde al propósito de garantizar que el Estado cumpla su función de proteger la vida y garantizar el acceso a la justicia.