Agua y pantano

Romero Oropeza, acusado de despojo

Durante 10 meses, Yadira y su familia han chocado contra la pared al intentar reclamar justicia por un presunto despojo. Dueños de un predio en la ranchería Río Seco y Montaña en el municipio de Huimanguillo, en febrero de este año recurrieron a la Fiscalía General del Estado para denunciar hechos de carácter delictuoso, después que maquinaria pesada con logotipos del Infonavit comenzaran a realizar trabajos de desplante y nivelación en una parte de su terreno.

Tras indagar supieron que su vecina, Teresa Burelo Cortazar, había logrado un acuerdo de compraventa de un predio colindante y que de forma irregular e ilegal incluyó en el trazo una parte de su propiedad. Las luces de alarma se encendieron desde ese momento para ellos, pues señalan que se trata de la consuegra del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.

Cuando, Yadira buscó a su vecina por medio de mensajería instantánea, ésta le contestó que no sabía nada y le sugirió que acudiera a la Dirección municipal del Catastro a preguntar. Ahí empezó su peregrinar por las dependencias del gobierno y ante distintas autoridades para pedir ayuda.

Lejos de recibir la respuesta que esperaba, fue amedrentada. “Usted va a tener problemas con el Estado y la con la Federación, esa es la información, porque este proyecto es de la presidenta de la república”, le dijo la alcaldesa de Huimanguillo, Mari Luz Velázquez Jiménez, un día que trató de reclamar su intervención, luego de buscar infructuosamente que las máquinas y los trabajadores que ocupaban su terreno pararan y lo desalojaran.

La presidente municipal, sin embargo, le ofreció revisar su caso en el área jurídica del ayuntamiento. A la par, Yadira recurrió al Ministerio Público, la policía realizó los actos de investigación, pero al cabo de cinco meses, determinó no ejercer acción penal, bajo el argumento de que no acreditaron ser dueños del predio, a pesar que exhibieron escritura pública.

Los afectados, según la fiscal Candelaria Jiménez, no demostraron tener ocupada la propiedad, con una vivienda, ganado, árboles frutales ni contar con cerca que la delimitara. 

Extrañada con esta determinación, Yadira Escalante solicitó mediante oficio la intervención del gobernador y de los diputados del Congreso del Estado. En su escrito, recibido el 2 de agosto, narra que aparte del despojo que sufrió ella y su familia para la construcción de las casas del Infonavit, adicionalmente el gobierno municipal de Huimanguillo se apoderó de una superficie de 820 metros cuadrados para construir una vialidad, sin autorización, convenio o indemnización.

En el oficio acusa directamente al director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza del daño causado a su derecho, así como a la señora Teresa Burelo, consuegra de aquél, quien sostiene, actúa como su prestanombres.

“Lo que denuncio -agrega- es la falta de una respuesta pronta y eficaz de las instituciones encargadas de investigar los hechos y proteger el patrimonio de los ciudadanos”.

Yadira se queja de la falta de seguridad jurídica en este caso, de la falta de cumplimiento del compromiso gubernamental de combatir la corrupción, respetar la legalidad y garantizar el acceso a la justicia sin distingos para todos los ciudadanos.

Por ello y por todo pide que se haga efectiva la garantía de que ninguna persona reciba un trato privilegiado y que todas las autoridades rijan su actuar con apego al Estado de Derecho.

Yadira no quita el dedo del renglón, pese a todas las dificultades que ha enfrentado, entre ellas que su abogada haya desistido de continuar con su defensa, advirtiéndole que se cuidara, que estaba tocando intereses de gente poderosa. Ella tiene miedo, pero ha decidido afrontar cualquier riesgo, con tal de que se le haga justicia, se le repare el daño y se le indemnice. 

¿Cuántas mujeres como Yadira estarán hoy enfrentándose al poder para reclamar su derecho? ¿Cuántas estarán hoy reclamando justicia, aún cuando los caminos para llegara a ella se cierren? 

Nuestro sistema de justicia fue debilitado a golpes de una reforma que alejó aún más a los ciudadanos del disfrute de ese derecho. 

Aguas movedizas

El próximo domingo el gobernador Javier May entregará su segundo informe al Congreso del Estado. Después vendrá la glosa y según anunció este miércoles el coordinador de los diputados de Morena, Jorge Bracamonte, comparecerán todos los secretarios de Estado, algunos ante el pleno y otros ante las comisiones legislativas. La comparecencia que ya, desde ahora, genera mayor interés, es la del secretario de Salud, Alejandro Calderón Alipi, tras revelarse que entregó 107 contratos mediante adjudicación directa, presuntamente simulando emergencias, para favorecer a empresas vinculadas con funcionarios del gobierno y con la red de Amílcar Olán Aparicio.