Cayuco

La Muñeca de Pepín: ¿de chofer a alcalde de Macuspana?

“Cuando los programas sociales se convierten en instrumentos de promoción política, la democracia deja de competir en igualdad de condiciones y comienza a repartirse entre los dueños del poder”.

En Macuspana, la tierra que vio nacer al expresidente Andrés Manuel López Obrador, está por estallar un escándalo político que amenaza con exhibir una de las contradicciones más delicadas de la llamada Cuarta Transformación.

Utilizar presuntamente las estructuras del gobierno para fabricar candidatos y favorecer a los allegados del poder.
El protagonista es José Antonio Rodríguez Subiaur, mejor conocido como Toño Subiaur o La Muñeca, antiguo chofer y colaborador cercano del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, el famoso Pepín.

De conducir el vehículo de un personaje influyente, ahora pretende conducir los destinos de uno de los municipios políticamente más importantes de Tabasco.
Y nadie tendría por qué cuestionar sus aspiraciones por haber sido chofer. El trabajo honrado no descalifica a ninguna persona para ocupar un cargo público.

El problema no es de dónde viene Toño Rodríguez Subiaur, sino quién pretende llevarlo al poder, mediante qué mecanismos y con qué recursos.
Desde hace meses, militantes de Morena han señalado que Pepín López Obrador estaría impulsando a su antiguo colaborador para convertirlo en candidato a la presidencia municipal de Macuspana.

El propio Subiaur se registró el pasado 10 de octubre como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Su cercanía con el secretario de Gobierno ha generado acusaciones de favoritismo, aunque José Ramiro ha rechazado que pretenda imponer una candidatura y ha sostenido que la decisión dependerá de una encuesta.
Pero ahora apareció un audio que coloca la discusión en un terreno mucho más delicado.

Servidores de la nación al servicio de Toño Subiaur

A nuestro correo electrónico llegó información relacionada con una grabación difundida inicialmente por el comunicador José Juan Pérez Ocaña, quien denunció que su cuenta de Facebook fue bloqueada después de publicar el material.
La grabación fue retomada por medios informativos y en ella se identifica a Jesús Gilberto Martínez Ramos, señalado como enlace de los Servidores de la Nación en Macuspana.

Lo que se escucha resulta suficientemente grave para exigir una investigación.
Una voz atribuida al funcionario pide a los participantes definirse en favor de Toño Subiaur, organizar equipos territoriales, preparar listas de colaboradores y promover su nombre entre la población ante las encuestas internas de Morena.

Una de las expresiones más reveladoras es la siguiente:
“Ya necesitamos que quien esté definido por apoyar a Toño, que me lo diga”.
En otra parte se habla de la participación de la estructura de los Servidores de la Nación en las actividades de promoción política.

Y aparece una expresión que merece particular atención: la referencia a que antes existían dos equipos, el de Adán Augusto López Hernández y el de Javier May Rodríguez, pero que ahora todos pertenecen al mismo grupo político.

La grabación, cuya autenticidad todavía debe verificarse oficialmente, plantea una pregunta inevitable:
¿Los Servidores de la Nación trabajan para atender a los beneficiarios de los programas sociales o para posicionar a los candidatos que convienen a determinados grupos políticos?

Porque una cosa es que un ciudadano tenga preferencias políticas y otra muy distinta que una estructura gubernamental sea utilizada para promover aspiraciones personales.

Y si quienes participan tienen acceso a información de beneficiarios, rutas de visitas domiciliarias o recursos oficiales, la investigación debe determinar si alguno de esos instrumentos fue aprovechado con fines partidistas.
Eso no puede resolverse con una declaración de prensa.

La denuncia ya llegó al árbitro electoral

El escándalo dejó de ser una simple filtración.
Este miércoles 28 de octubre, Movimiento Ciudadano presentó formalmente una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Su representante, Octavio Manuel Esperón Fausto, solicitó investigar la grabación, preservar las pruebas y determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.

Además, anunció otras denuncias relacionadas con presuntas irregularidades de funcionarios vinculados a Sembrando Vida en Cárdenas y Huimanguillo.
Es decir, las sospechas ya no se limitan solo a Macuspana.

Y aquí surge otra interrogante: ¿estamos frente a la actuación aislada de un servidor público o ante una forma de operación política que podría extenderse a otros municipios?

La investigación deberá responderlo.

Pepín, el padrino político bajo sospecha

José Ramiro López Obrador tiene mucho que explicar.
No porque esté demostrado que ordenó utilizar a los Servidores de la Nación, pues hasta ahora no existe evidencia pública suficiente para afirmarlo.

Sino porque su cercanía con Toño Subiaur y los señalamientos de que pretende impulsarlo políticamente lo colocan en el centro de la controversia.

El pasado 20 de octubre, cuando reporteros de Telereportaje cuestionaron a Rodríguez Subiaur sobre el supuesto respaldo del secretario de Gobierno, el aspirante prefirió retirarse sin responder.

¿Por qué no aclarar públicamente una acusación que compromete la legitimidad de sus aspiraciones?
Pepín también tendría que responder si conoce a los operadores mencionados en el audio, si ha participado en reuniones relacionadas con ese proyecto y si ha intervenido de alguna manera en la contienda interna.

Porque una cosa es apoyar políticamente a un antiguo colaborador y otra muy distinta permitir que el peso de un cargo gubernamental termine inclinando la balanza.

Chucho Selván se deslinda; Bracamonte pide investigar

El dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, ya salió a marcar distancia.
Advirtió que primero debe comprobarse la autenticidad de la grabación y que, de acreditarse alguna violación a la ley, el responsable deberá ser sancionado.

También reconoció que las aspiraciones personales deben mantenerse separadas de las responsabilidades gubernamentales.

Por su parte, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, sostuvo que ningún funcionario debe intervenir indebidamente en los procesos internos, aunque también pidió verificar que el audio no haya sido alterado.

Pero los deslindes políticos no sustituyen las investigaciones.
El artículo 134 constitucional obliga a los servidores públicos a utilizar imparcialmente los recursos bajo su responsabilidad, sin afectar la equidad de las contiendas electorales.

Eso tampoco significa que cualquier participación política de un funcionario sea automáticamente ilegal. Lo que debe esclarecerse es si hubo aprovechamiento del cargo, personal, horarios, información o recursos públicos para favorecer a Subiaur.

Y si se acreditan irregularidades, corresponderá a las autoridades determinar las sanciones procedentes. No puede anticiparse jurídicamente la cancelación de una candidatura que todavía no ha sido otorgada.

El verdadero problema es quién maneja los hilos

Macuspana no es cualquier municipio.
Es la tierra del expresidente López Obrador y un territorio donde los apellidos, las lealtades y las relaciones con el poder tienen un peso político considerable.

Por eso, la eventual candidatura de Toño Subiaur representa mucho más que una disputa municipal.
Representa una prueba para Morena, para el gobierno de Javier May y para el propio José Ramiro López Obrador.

¿Se respetarán las encuestas o terminarán imponiéndose las recomendaciones de los personajes influyentes?
¿Se permitirá competir en igualdad de condiciones a Juan Diego Hernández, David Zurita y los demás aspirantes?

¿Quién garantiza que los programas sociales permanezcan ajenos a la lucha por las candidaturas?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que no debe haber privilegios ni utilización indebida del poder público.

Macuspana ofrece una oportunidad concreta para demostrar que esos principios también se aplican cuando los involucrados pertenecen al círculo político del expresidente.
Y que nadie se equivoque: haber sido chofer no representa ninguna vergüenza.

La vergüenza sería que una candidatura se construyera mediante el uso indebido de una estructura pagada por los mexicanos.

La piragua

La Muñeca Subiaur puede aspirar legítimamente a la alcaldía. Lo que no puede es pretender que las instituciones se conviertan en sus operadores electorales.

Y Pepín, si verdaderamente no tiene candidato, debería ser el primero en exigir una investigación completa y transparente.
Porque en Macuspana la pregunta ya no es solamente quién quiere ser alcalde.

La pregunta es quién mueve los hilos de La Muñeca y si pretende hacerlo con recursos del pueblo.
Y si esos hilos llegan hasta alguna oficina del gobierno, que nadie intente esconder las manos.

Porque los cargos públicos no se heredan, las candidaturas no se regalan y los programas sociales no son patrimonio electoral de ningún funcionario.

Mucho menos de quienes prometieron acabar con las viejas prácticas del poder.

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