De primera mano

La violencia tiene historia y Tabasco memoria

A decir verdad, la violencia que hoy padece Tabasco no puede endosársele exclusivamente a la pasada administración del hoy senador Adán Augusto López Hernández, la primera de la 4T en el estado. El problema viene de más atrás. El huevo de este cáncer social se incubó durante el régimen priista y, aunque el obradorismo prometió un cambio de fondo, muchos cuadros del tricolor regresaron al poder en el sexenio pasado.

         Más allá de buscar a un solo culpable, el problema se agrava porque la clase política tabasqueña no parece interesada en construir soluciones reales, sino en explotar la inseguridad como arma electoral para descalificar al adversario.

          Ahí está el caso de Manuel Andrade Díaz. Resulta contradictorio que el exgobernador priista se haya erigido en una de las voces más críticas contra la gestión del morenista Javier May Rodríguez, cuando su propio quinquenio (2001-2006) dejó señales claras de la descomposición que se avecinaba.

         Durante su administración, la Secretaría de Seguridad Pública ya mostraba signos preocupantes. Fue en ese periodo cuando Hernán Bermúdez Requena —hoy señalado como líder de La Barredora— ocupó el cargo de subsecretario de Prevención y Readaptación Social.

         En junio de 2006, la entonces SIEDO lo detuvo, acusado de participar en el homicidio de un personaje veracruzano ligado al crimen organizado que ya operaba en Tabasco.

          Poco después, el 6 de marzo de 2007, en los primeros meses del gobierno entrante de Andrés Granier Melo, sicarios atentaron contra el secretario de Seguridad Pública, el general Francisco Fernández Solís. Fue la primera vez en México que el crimen organizado atacó directamente a un general de división del Ejército Mexicano.

         En el expediente, el responsable de la célula criminal delató al jefe policiaco del gobierno andradista de haber ordenado y financiar el operativo para asesinar al divisionario.

          Andrade nunca ha asumido responsabilidad política por esos hechos. Hoy, convertido en furibundo opositor, descalifica las investigaciones contra Bermúdez Requena y las presenta como una vendetta del gobierno de May para golpear a Adán Augusto López, su antiguo jefe de campaña. No explica ni aclara, pero ataca.

         Los datos oficiales confirman que este no es un problema de un solo sexenio. Según el INEGI, Tabasco pasó de registrar alrededor de 225 homicidios dolosos en 2015 y 244 en 2016, a 356 en 2017. La cifra siguió subiendo a 516 en 2018 y llegó a 633 en 2019. Después de un descenso relativo en años posteriores, 2024 marcó un récord histórico con 838 defunciones por homicidio, más del triple que en 2023.

          Aunque en 2025 se observó una tendencia a la baja en la segunda mitad del año, la volatilidad y el terror siguen presentes. Los tabasqueños viven con miedo cotidiano y la clase política continúa convirtiendo la tragedia en discurso y en disputa electoral.

         Priístas, morenistas y demás actores repiten el mismo libreto: negar, culpar al otro y mirar hacia otro lado cuando les toca.

          Tabasco ya paga caro el precio de años de complicidades, omisiones y simulación. La violencia no empezó en 2018 ni en 2024: tiene raíces profundas. 

         Y mientras los políticos sigan más interesados en defender sus cuotas de poder que en romper las redes que la sostienen, los ciudadanos seguirán siendo los únicos rehenes de este cáncer que lleva décadas incubándose.