Vía libre
Las decisiones de gobierno suelen defenderse o cuestionarse en el momento en que se toman. Sin embargo, hay algunas que sólo pueden evaluarse plenamente con el paso de los años, cuando llega la hora de revisar quién terminó pagando la factura.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco es una de ellas.
Cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió detener la obra, el argumento principal fue combatir la corrupción, evitar excesos y construir una alternativa más económica para el país.
La medida fue respaldada de mexicanos que vieron en ella una muestra de ruptura con la forma tradicional de hacer política.
Pero una cosa era cancelar la construcción y otra muy distinta cancelar las obligaciones financieras ya adquiridas.
Eso no se previó, y no desaparecieron.
La Auditoría Superior de la Federación, de ahora, terminó estableciendo un costo de cancelación de 113 mil 327 millones de pesos. Sin embargo, diversos análisis posteriores han calculado cifras mucho mayores al incorporar indemnizaciones, costos financieros, recompra de bonos e intereses de largo plazo. Algunas estimaciones han llegado hasta los 270 mil millones de pesos.
Más allá de la discusión sobre cuál es la cifra definitiva, hay un dato imposible de ignorar.
La deuda sigue ahí.
Recientemente se liquidaron 565.9 millones de dólares de los compromisos financieros relacionados con el proyecto cancelado. Sin embargo, aún quedan pendientes 3 mil 152 millones de dólares por pagar y los vencimientos se extenderán hasta el año 2047.
Es decir, casi tres décadas después de la cancelación, los mexicanos seguirán cubriendo obligaciones derivadas de una obra que nunca se concluyó.
Lo más paradójico es que buena parte de esos pagos se realiza mediante la Tarifa de Uso de Aeropuerto, la TUA, que aparece en cada boleto de avión.
Quien viaja hoy continúa aportando recursos para liquidar compromisos financieros de una infraestructura que quedó inconclusa y que su tuvo que pagar.
Por eso el debate ya no debería centrarse únicamente en si la decisión popular en aquel momento era la correcta. O fue un error monumental.
¿Valió acaso la pena asumir una carga financiera que se prolongará hasta 2047 solo para cumplir un capricho?
Cada ciudadano hoy tendrá su propia respuesta. Lo que ya no admite discusión es que cancelar el aeropuerto de primer mundo no significó borrar sus costos. Al contrario, significó trasladarlos al futuro.
Los gobiernos cambian. Los presidentes terminan su mandato. Los discursos evolucionan.
Las deudas, en cambio, permanecen y afectan.
Y al final, como ocurre casi siempre en la política mexicana, quienes terminan pagándolas no son quienes tomaron la decisión equivocada, sino los ciudadanos que ni siquiera participaron en ella.




