La agenda en red

¿Modernización o vigilancia para el ciudadano?

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta que busca impulsar el uso de pagos electrónicos y reducir gradualmente el efectivo en determinadas actividades. 

Sus defensores aseguran que traerá mayor rapidez, seguridad y control en las operaciones económicas. 

Hasta ahí todo parece razonable.

La tecnología avanza y es natural que cada vez más personas utilicen tarjetas, transferencias y aplicaciones para realizar pagos.

Sin embargo, existe una pregunta que vale la pena hacer.

Cuando pagamos mediante medios electrónicos, cada movimiento queda registrado. Lo que compramos, lo que vendemos, lo que transferimos y lo que recibimos deja una huella digital.

El gobierno sostiene que eso ayuda a combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Es un argumento válido. Un país necesita reglas y mecanismos para que todos cumplan con sus obligaciones. 

Pero hay algo que resulta difícil de entender.

Mientras los ciudadanos son llamados a integrarse cada vez más a un sistema donde cada movimiento económico puede ser registrado, fiscalizado y supervisado, el gobierno mantiene bajo reserva diversa información relacionada con obras, contratos y gasto público bajo argumentos de seguridad nacional.

Y ahí surge una contradicción que no debería pasarse por alto.

Si la transparencia es buena para el ciudadano, también debería ser buena para el gobierno.

Porque una cosa es proteger información estratégica que realmente comprometa la seguridad del país y otra muy distinta ocultar durante años datos relacionados con el uso de recursos públicos que nos pertenece a todos los mexicanos.

Al ciudadano se le pide confianza.

Al ciudadano se le pide cumplir con sus obligaciones fiscales.

Al ciudadano se le pide abrir cada vez más información sobre sus actividades económicas.

Entonces, la pregunta es inevitable:

¿Por qué la transparencia debe ser completa para quien paga impuestos, pero limitada para quien los administra?

En una verdadera democracia la confianza no nace de la vigilancia. La confianza nace de la rendición de cuentas.

Y mientras más conozca el gobierno sobre el dinero de los ciudadanos, más deberían conocer los ciudadanos sobre el destino de su dinero.

Porque al final, el debate no es efectivo contra una tarjeta.

El verdadero debate es si la transparencia debe ser una obligación exclusiva de los gobernados o una responsabilidad compartida también por quienes gobiernan. 

Ahí está la diferencia entre exigir confianza y ganársela.