Vía libre

El rey de Parisine acabó con la Taddei

Guadalupe Taddei se fue del INE envuelta en una presunta red de corrupción y llega otra con un pasado que tampoco invita a la confianza.

La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, el 26 de octubre de 2026, no debería celebrarse como una victoria de la transparencia si el relevo reproduce las mismas sombras que hicieron insostenible su gestión.

Es claro que Taddei renunció acorralada por señalamientos de conflictos de interés, contrataciones irregulares y presunta triangulación de recursos públicos. La evidencia periodística y las indagatorias apuntan a una red de proveedores que habría simulado competencia en adjudicaciones y participado en operaciones de triangulación.

No es un episodio administrativo menor, sino un acto que compromete la confianza en la institución que organiza elecciones, custodia el voto y debe garantizar condiciones mínimas de competencia.

El problema del relevo

Blanca Yassahara Cruz García, consejera del INE y expresidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, es ahora una de las figuras llamadas a ocupar el espacio que deja Taddei.

Su trayectoria, sin embargo, está marcada por denuncias que todavía no han sido esclarecidas.

En las elecciones del 2 de junio de 2024 en Puebla, PAN y PRI acusaron que, bajo su dirección, se facilitó una presunta transferencia de más de 27 mil votos de Morena hacia Fuerza por México. El objetivo, según la denuncia, habría sido que ese partido alcanzara el tres por ciento necesario para conservar su registro estatal.

La acusación señala que los resultados de casillas en Puebla capital no coincidieron con las actas de los cómputos finales, y que la diferencia habría obedecido a una manipulación para inyectar sufragios a Fuerza por México.

El punto más grave no es solamente la presunta alteración de resultados, sino la desaparición de la evidencia. Representantes del PAN y del PRI afirmaron que 179 actas en las que se habrían detectado las transferencias de votos “no se encontraron” cuando solicitaron copias certificadas para respaldar una denuncia penal.

El Instituto Electoral del Estado de Puebla abrió una investigación en su Contraloría Interna para deslindar responsabilidades por las discrepancias. Sin embargo, hasta el momento de la incorporación de Cruz García al INE no se habían dado a conocer resultados oficiales.

Ese silencio institucional convierte el caso en una prueba para el propio INE. Si las actas no aparecen, si la Contraloría no concluye y si nadie responde por el extravío, la democracia queda protegida por la opacidad, no por la ley.

La secuencia es inquietante: una presidenta del INE sale por presuntos actos de corrupción en contrataciones y, en la misma institución, adquiere mayor relevancia una consejera cuyo paso por la autoridad electoral de Puebla quedó marcado por denuncias de manipulación y extravío de documentos electorales.

No se trata de declarar culpable a nadie antes de tiempo. Son señalamientos y presunciones; ninguna autoridad ha establecido todavía responsabilidades penales o administrativas definitivas. Pero precisamente por eso, la respuesta debe ser ejemplar: investigación pública, acceso a expedientes, recuperación de las actas, sanciones proporcionales y separación inmediata de los responsables.

México no necesita un relevo de rostros en el INE; necesita que la institución deje de funcionar como un refugio de impunidad. Que se vaya Guadalupe Taddei no limpia los contratos cuestionados, no devuelve los recursos públicos presuntamente desviados y no restituye la confianza perdida. Y que llegue Blanca Yassahara Cruz García, con un expediente marcado por denuncias de manipulación electoral y actas desaparecidas, solo confirma una sospecha incómoda: en este país, los escándalos no castigan; reacomodan.

La democracia no muere de golpe. Muere por goteo: cuando las actas desaparecen, cuando los contratos se reparten entre amigos, cuando las investigaciones se archivan sin explicación y cuando quienes debían custodiar el voto terminan siendo parte del problema. Si el INE quiere sobrevivir como árbitro y no como cómplice, debe empezar por una sola cosa: rendir cuentas. No mañana, no después de las elecciones, no cuando convenga. Ahora.

Porque un Instituto Nacional Electoral que no puede explicar sus contratos ni garantizar sus actas, no está organizando elecciones: está administrando la duda. Y una democracia administrada por la duda no es democracia; es simulacro.