A Tabasco

La regulación como herramienta de censura: ¿protección de las audiencias o control del discurso?

La libertad de expresión rara vez desaparece de un día para otro. Se debilita poco a poco: primero se desacredita al periodista incómodo; después se estigmatiza al medio crítico; se condiciona la publicidad, se premia la obediencia y, finalmente, se pretende convertir el silencio en una forma de normalidad.

Defender la libertad de expresión no significa proteger únicamente a los periodistas. Significa defender el derecho de la sociedad a conocer distintas versiones de la realidad, cuestionar al poder y formar una opinión propia.

Rumbo a 2027, este debate adquiere especial relevancia en México. La aprobación de los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México, la regulación de los medios y el entorno digital plantea una pregunta fundamental: ¿cómo garantizar información de calidad sin convertir al Estado o a una autoridad reguladora en árbitro de lo que puede o no puede decirse?

Los derechos de las audiencias son necesarios en una democracia. El ciudadano tiene derecho a recibir información plural, diversa y responsable. Pero existe una frontera que debe cuidarse: cuando esos derechos se utilizan para controlar contenidos, imponer criterios editoriales o sancionar expresiones incómodas, pueden convertirse en una vía indirecta para coartar la libertad de expresión.

Proteger a las audiencias no significa protegerlas de aquello que les incomoda. Una cosa es exigir rigor, distinguir información de opinión y garantizar derechos; otra muy distinta es decidir desde el poder qué crítica puede publicarse o qué postura resulta aceptable.

La libertad de expresión del emisor y los derechos de las audiencias deben coexistir. El ciudadano tiene derecho a escuchar voces diversas, mientras periodistas y medios deben conservar la libertad editorial para investigar, cuestionar y opinar.

El problema es político. Quien controla la narrativa puede obtener una ventaja considerable. La comunicación no sólo informa: también construye percepciones, define adversarios, legitima gobiernos y puede influir en decisiones electorales.

Una sociedad difícilmente puede decidir libremente si sólo conoce una versión de los acontecimientos. Pero tampoco existe pluralidad cuando la diversidad informativa queda sometida a criterios impuestos desde el poder.

En América Latina, el debate ideológico sobre los medios tampoco es nuevo. El Foro de São Paulo ha planteado históricamente la necesidad de enfrentar lo que considera monopolios informativos mediante redes de comunicadores y estrategias de comunicación política.

El problema aparece cuando la lucha contra la desinformación termina convirtiéndose en un argumento para limitar la crítica.

Una democracia madura debe distinguir entre una mentira deliberada, una opinión incómoda, una investigación periodística y una crítica política. No todo lo que incomoda al gobierno es desinformación.

Tampoco toda expresión polémica constituye una violación de los derechos de las audiencias. El pluralismo implica aceptar incluso las opiniones que generan molestia, controversia o rechazo.

La censura moderna no siempre necesita prohibiciones. Puede operar mediante exclusión de conferencias, reducción de publicidad oficial, presión económica, descalificación pública, aislamiento institucional, campañas de estigmatización o procedimientos regulatorios que, bajo el argumento de proteger derechos, terminan inhibiendo determinadas voces.

El resultado puede ser aún más peligroso: que el periodista termine censurándose a sí mismo antes de que alguien tenga que censurarlo.

En Tabasco, esta discusión tiene especial importancia. El marco jurídico estatal reconoce el acceso de partidos y candidaturas a los medios y establece reglas para preservar condiciones de equidad durante los procesos electorales.

Pero la equidad no puede reducirse al acceso formal. También requiere un ecosistema informativo plural donde los ciudadanos puedan conocer posiciones distintas, contrastar propuestas y cuestionar al poder.

Por eso, las normas destinadas a proteger a las audiencias deben aplicarse con especial cuidado. Una regulación que provoca miedo a publicar, investigar o cuestionar al poder deja de proteger la democracia y comienza a debilitarla.

Durante 2026, Tabasco también ha enfrentado un debate jurídico sobre los límites que puede imponer una norma penal a la libertad de expresión. La Suprema Corte invalidó una porción del Código Penal estatal cuya amplitud podía permitir sanciones arbitrarias respecto de determinadas manifestaciones públicas.

El mensaje es claro: la libertad de expresión no puede depender de la voluntad del gobernante en turno.

Rumbo a 2027, la responsabilidad será todavía mayor. Los ciudadanos tendrán que decidir entre proyectos, partidos, candidaturas y gobiernos. Para hacerlo libremente necesitarán información plural, no una narrativa oficial ni una versión exclusivamente opositora.

Los derechos de las audiencias deben contribuir a que el ciudadano reciba información diversa, distinga hechos de opiniones y construya su propio criterio. Pero jamás deben convertirse en una justificación para silenciar.

La audiencia tiene derecho a escuchar; el periodista, a informar; y el medio, a ejercer su libertad editorial.

También los medios tienen responsabilidades. Defender la libertad de expresión no significa renunciar al rigor. El periodismo debe verificar, contrastar y diferenciar información de opinión.

Pero esa responsabilidad también corresponde al poder público.

Un gobierno seguro de sus resultados no debería temer a la crítica. Debería responder con argumentos, datos y resultados.

La libertad de expresión se prueba cuando alguien dice aquello que el poder no quiere escuchar.

Por eso, la próxima contienda electoral en Tabasco será también en defensa del derecho a informar, preguntar, investigar, criticar y disentir, así como del derecho ciudadano a recibir información plural y diversa.

Cuando todos los medios dicen lo mismo, cuando los periodistas evitan determinados temas, cuando las audiencias sólo reciben una narrativa y cuando la crítica comienza a considerarse una forma de traición política, la democracia puede conservar sus elecciones, pero empieza a perder su esencia.

La libertad de expresión no pertenece a la oposición ni al gobierno. Pertenece a los ciudadanos.

Y el derecho de las audiencias tampoco debe convertirse en una herramienta de control sobre los medios. Su propósito debe ser fortalecer al ciudadano, no establecer límites políticos a la libertad editorial ni censurar aquello que incomoda.

Una democracia no se fortalece cuando consigue que todos hablen igual. Se fortalece cuando garantiza voces diferentes y permite que los ciudadanos decidan por sí mismos.

En 2027, preservar ese equilibrio será indispensable para que el voto sea verdaderamente libre.