A Tabasco

¿Desarrollo o ecocidio?

La deuda ambiental, cultural y ética de la carretera Macuspana-Escárcega

Existe una vieja costumbre política que identifica el desarrollo con el concreto, el acero y la ampliación de la infraestructura. Durante décadas, la modernización se ha medido por el número de kilómetros construidos, la velocidad de los desplazamientos y la capacidad para conectar regiones. Bajo esa lógica, una nueva carretera representa inevitablemente un símbolo de progreso.

La ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega parece responder a esa visión. La obra busca fortalecer la conectividad entre Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, reduciendo tiempos de traslado e impulsando el intercambio comercial. Nadie podría negar la importancia estratégica de un proyecto de esta naturaleza. El problema comienza cuando el desarrollo deja de ser un proceso integral y se convierte exclusivamente en un indicador económico.

El debate no debería centrarse en si la carretera debe construirse o no. La verdadera discusión consiste en determinar cuáles son los límites éticos, ambientales y culturales que una sociedad está dispuesta a establecer para impulsar su crecimiento.

Quienes han observado el avance de la obra han sido testigos de un paisaje profundamente alterado. La remoción de la vegetación, los cortes en el terreno y la transformación del derecho de vía forman parte de una intervención que modifica ecosistemas particularmente sensibles.

Y Tabasco no es un territorio cualquiera.

Su identidad histórica está estrechamente vinculada con los ríos, los pantanos, las selvas y los humedales. Estos ecosistemas no representan espacios improductivos que deban ser sustituidos por infraestructura. Son sistemas biológicos complejos que almacenan y filtran agua, regulan inundaciones, capturan carbono, producen oxígeno y garantizan la conservación de numerosas especies. La geografía tabasqueña no constituye un obstáculo para el desarrollo; es uno de sus principales activos estratégicos.

Sin embargo, la discusión ambiental suele simplificarse mediante un argumento recurrente: los árboles pueden replantarse y los ecosistemas pueden recuperarse. La evidencia científica demuestra que esa afirmación es, cuando menos, cuestionable.

Una selva madura no puede sustituirse mediante programas de reforestación improvisados. Un humedal funcional no puede reemplazarse con la construcción de cuerpos de agua artificiales. Los ecosistemas son el resultado de procesos biológicos desarrollados durante décadas o incluso siglos. Cuando se fragmentan, desaparecen funciones ecológicas que difícilmente pueden restaurarse en el corto plazo.

Pero existe un aspecto que ha recibido menos atención y que, paradójicamente, podría representar una pérdida irreparable: el patrimonio cultural.

La carretera atraviesa una región vinculada con la historia mesoamericana y con espacios de influencia de la civilización maya. En consecuencia, el subsuelo podría contener vestigios arqueológicos aún no identificados. Los movimientos de tierra pueden revelar testimonios históricos extraordinarios, pero también pueden destruirlos antes de que sean estudiados.

La dimensión cultural del territorio suele ser ignorada por una visión desarrollista que interpreta el espacio únicamente como una superficie disponible para la construcción. Sin embargo, el territorio es mucho más que una extensión geográfica. Es memoria colectiva, identidad histórica y patrimonio social.

Cada sitio arqueológico destruido representa una página arrancada del relato histórico de una comunidad. Cada vestigio perdido reduce la posibilidad de comprender el origen de una civilización que contribuyó decisivamente a la construcción cultural del sureste mexicano.

Por ello, las preguntas formuladas en torno a la obra son legítimas y necesarias.

¿Cuántas hectáreas serán afectadas?

¿Qué especies podrían resultar perjudicadas?

¿Cuáles serán las medidas de mitigación ambiental?

¿Se han realizado estudios arqueológicos suficientes?

¿Quién supervisará el cumplimiento de los protocolos ambientales y culturales?

En una democracia, cuestionar una obra pública no significa oponerse al desarrollo. Significa exigir transparencia.

La responsabilidad institucional en este caso involucra a las autoridades ambientales, a los organismos encargados de la vigilancia ecológica y a las instituciones responsables de la protección del patrimonio histórico. La supervisión debe ser permanente y los estudios técnicos deben estar disponibles para el escrutinio público. La ciudadanía tiene el derecho de conocer los impactos reales de una obra financiada con recursos públicos.

También es importante actuar con responsabilidad al utilizar conceptos como el de ecocidio. Convertir el debate en una confrontación ideológica no contribuye a resolver el problema. Sin embargo, ignorar las preocupaciones ambientales bajo el argumento del progreso tampoco es una alternativa responsable. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la necesidad de construir infraestructura y la obligación de preservar los ecosistemas.

La historia demuestra que el crecimiento económico basado en la explotación indiscriminada de los recursos naturales genera costos que terminan pagando las generaciones futuras. La pérdida de biodiversidad, la alteración de los humedales y la liberación de carbono constituyen deudas ambientales cuya factura suele llegar muchos años después.

Quizá el mayor error político del último siglo haya sido asumir que la naturaleza posee una capacidad ilimitada para regenerarse. Hoy sabemos que un bosque tropical puede tardar décadas en recuperar su estructura, que un humedal necesita largos periodos para restablecer sus funciones y que un corredor biológico fragmentado puede alterar el equilibrio de poblaciones enteras de especies. Lo mismo ocurre con el patrimonio arqueológico: una vez destruido, desaparece para siempre.

La carretera Macuspana-Escárcega representa una oportunidad para demostrar que el desarrollo y la conservación no son conceptos incompatibles. México necesita infraestructura. El sureste requiere mayor conectividad. Tabasco demanda mejores condiciones para su crecimiento económico. Pero ninguna de esas necesidades justifica la destrucción del patrimonio natural y cultural.

La discusión no debería reducirse a la dicotomía entre desarrollo y ecocidio. El verdadero debate consiste en definir el modelo de desarrollo que queremos construir.

Uno que conciba a la naturaleza como un recurso desechable o uno que entienda que la riqueza ambiental y cultural constituye un capital estratégico para el futuro.

Porque una carretera puede conectar dos ciudades.

Pero una sociedad verdaderamente desarrollada debe ser capaz de conectar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente, la preservación de la memoria histórica y el respeto por las generaciones que todavía no han nacido. Esa es la verdadera medida del progreso.