Agua y Pantano

Sistema penitenciario podrido

La fuga de El Fermín no exhibe solamente la corrupción de ocho custodios,expone el fracaso de una política pública que México lleva décadas posponiendo.

La historia es conocida: un interno procesado por narcomenudeo sale caminando del penal de Villahermosa, acompañado de una visitante, atraviesa seis filtros de seguridad y escapa. Después, según las investigaciones, vuelve a la actividad criminal; se refugia en la colonia Gaviotas, aterroriza y mata.

Hoy se le atribuyen al menos nueve homicidios antes de ser recapturado. Por su evasión, seis custodios están en prisión y dos permanecen prófugos.

La pregunta es inevitable: ¿de verdad el problema son únicamente ocho custodios?

Desde hace más de veinte años, prácticamente todos los diagnósticos serios sobre el sistema penitenciario mexicano llegan a la misma conclusión.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos internacionales y especialistas en política criminal han documentado una realidad incómoda: autogobierno, corrupción, tráfico de armas y drogas, extorsiones, sobrepoblación y ausencia de controles efectivos. En muchos centros penitenciarios, el Estado conserva los muros, pero ha perdido el control de lo que ocurre detrás de ellos.

Las cárceles dejaron hace mucho de ser espacios de reinserción social; en demasiados casos se transformaron en centros de operación criminal. Desde sus celdas se ordenan homicidios, secuestros, extorsiones y cobros de piso. 

El encarcelamiento ya no necesariamente neutraliza al delincuente; en ocasiones simplemente cambia el lugar desde donde dirige sus actividades.

El caso del CRESET no aparece en el vacío. Durante los últimos años, las autoridades han decomisado armas de fuego, drogas, teléfonos celulares, equipos de internet y otros objetos prohibidos que nunca debieron ingresar a un penal. Cada aseguramiento confirma una pregunta incómoda: ¿cuánto permanece oculto cuando no hay operativos?

Resulta paradójico que, mientras la estrategia nacional de seguridad concentra buena parte de sus esfuerzos en las calles, el sistema penitenciario permanezca prácticamente ausente del debate público. 

Poco se conoce de la política penitenciaria que guía al actual gobierno, de sus objetivos, indicadores, mecanismos de control o de la forma en que se articula con la política criminal y la seguridad ciudadana.

En ese contexto, merece reconocerse la decisión de la Fiscalía General del Estado y del Gabinete de Seguridad de ofrecer conferencias de prensa semanales para informar sobre los avances de las investigaciones. La transparencia fortalece la confianza pública y materializa el derecho de la sociedad a estar informada.

Pero precisamente porque han decidido abrir esa ventana informativa, también sería oportuno que explicaran cuál es la política penitenciaria de Tabasco. ¿Qué diagnóstico existe del sistema estatal? ¿Qué acciones se implementan para recuperar el control de los centros de reclusión? ¿Cómo se combate la corrupción interna? ¿Qué mecanismos impedirán que una fuga como la de “El Fermín” se repita?

La seguridad ciudadana no comienza cuando una patrulla recorre las calles, empieza mucho antes, en instituciones capaces de impedir que el crimen siga operando desde donde debería estar contenido.

Mientras las cárceles continúen siendo territorios donde el Estado comparte o pierde el control frente a la delincuencia organizada, cualquier estrategia de seguridad será necesariamente incompleta.

La prisión no puede seguir siendo el último eslabón olvidado de la política de seguridad. Es, en realidad, uno de sus pilares más importantes.