Agua y pantano

Tendrá Centro cuerpo policial

En días recientes he escuchado a políticos que aspiran a gobernar el municipio de Centro, cuya cabecera es Villahermosa, exponer informalmente sus puntos de vista sobre la seguridad pública. Coinciden en una necesidad que, frente a las evidencias de todos conocidas, difícilmente puede ser contradicha: el municipio debe contar con su propio cuerpo de policía.

La idea no es nueva. La he escuchado, por lo menos, desde que Georgina Trujillo Zentella encabezó el ayuntamiento de Centro (1997-2000). Después volvió a plantearse durante las administraciones de Andrés Granier Melo y Florizel Medina Pereznieto. Supe que en esos años, y también en periodos más recientes, se solicitaron estudios y proyectos a especialistas, quienes llegaron a formular lo que ya desde entonces se denominó Policía Metropolitana.

Ninguna propuesta encontró cabida. Las razones fueron políticas. Siempre se consideró indispensable la voluntad del inquilino del Palacio de Gobierno y ninguno pareció interesado en permitir que el ayuntamiento de Centro construyera una institución policial propia. Quizá se creyó que una policía municipal reduciría el control político y operativo del gobierno estatal sobre la capital.

El artículo 115 constitucional reconoce entre las responsabilidades municipales la seguridad pública: policía preventiva y  tránsito. Por tanto, una policía para Centro no sería una concesión política del Ejecutivo estatal, sino el ejercicio de una competencia constitucional que requiere legislación, presupuesto, coordinación y capacidad institucional. 

¿Y la actual Policía Metropolitana?

Ciertamente este año entró en funciones un destacamento denominado Policía Metropolitana, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Como ocurre con casi todos los anuncios gubernamentales en esta materia, fue presentado como una respuesta a los problemas que enfrenta Villahermosa: más vigilancia, más patrullajes, mayor proximidad y mejores condiciones de seguridad.

Pero en su aparición pública lo más visible fue un uniforme azul más claro y un brazalete con el nombre del nuevo agrupamiento. No conocimos previamente un diagnóstico, un modelo operativo, protocolos diferenciados, una delimitación territorial o una explicación sobre las funciones especializadas que desempeñaría una policía destinada, supuestamente, a atender los problemas de una metrópoli.

Entre sus primeras intervenciones estuvo el operativo para retirar a comerciantes ambulantes de los alrededores del mercado José María Pino Suárez. No discuto aquí las atribuciones de las autoridades para regular el espacio público. El problema es otro: ¿para qué se crea un nuevo cuerpo policial si antes no se define su identidad institucional y se le utiliza, desde el comienzo, como fuerza de control?

Una policía metropolitana debería conocer de manera minuciosa su territorio; trabajar por sectores y cuadrantes; mantener contacto permanente con colonias, fraccionamientos, comercios, escuelas y organizaciones vecinales; identificar patrones delictivos y factores de riesgo; atender a víctimas; canalizar problemas hacia los servicios públicos correspondientes; intervenir tempranamente en conflictos familiares, vecinales y comunitarios; colaborar con la justicia cívica y construir información para prevenir que los problemas cotidianos escalen hacia la violencia.

No debe ser solamente una policía que responda a llamadas de emergencia cuando el daño ya está consumado. Debe estudiar los problemas recurrentes de la ciudad y actuar sobre sus causas.

Este planteamiento coincide con la policía orientada a la solución de problemas desarrollada por Herman Goldstein, quien cuestionó el modelo tradicional basado en atender incidentes aislados mediante patrullajes, detenciones y respuestas reactivas, sin analizar por qué los mismos conflictos reaparecen una y otra vez.

Policía municipal sí, pero sin improvisación

La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025, establece con claridad las atribuciones de las policías municipales. Su artículo 52 les asigna funciones de proximidad, solución de conflictos, prevención de las violencias y del delito, vialidad y atención de faltas administrativas. También les corresponde actuar como primeras respondientes, apoyar a las instituciones estatales cuando se requiera una mayor capacidad disuasiva y desarrollar labores de investigación y análisis criminal cuando cuenten con unidades certificadas. Además, ordena que su organización responda a las necesidades específicas del territorio.

No es menor que la primera fracción de ese artículo coloque juntas la proximidad, la solución de conflictos y la prevención. El legislador está definiendo la vocación principal de la policía municipal: intervenir en el ámbito más cercano a la vida cotidiana y actuar antes de que las violencias se transformen en delitos graves.

Para ello existe una política pública nacional. Su denominación correcta es Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante el Acuerdo 03/XLIV/19 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2019. No se trata de cambiar el nombre de una corporación, sino de transformar su organización, operación, profesionalización, vinculación comunitaria y evaluación. El modelo reconoce la centralidad de las policías locales y articula la proximidad con la justicia cívica, la prevención, el análisis de problemas y la participación ciudadana.

Urge una auténtica policía de proximidad

Esto no significa crear una policía débil ni renunciar al uso legítimo de la fuerza. Tampoco sería jurídicamente correcto afirmar que una policía municipal nunca puede participar en operativos para restablecer el orden público. La Ley General contempla esa posibilidad y establece su coordinación con las instituciones estatales.

Lo que sostengo es que la fuerza no puede convertirse en su identidad ni en su primera herramienta. Por eso me preocupan algunas ideas que comienzan a expresar quienes aspiran a gobernar Centro. Parecen decididos a crear una policía municipal, pero imaginan una corporación reactiva, destinada principalmente al control, al restablecimiento del orden y al uso de la fuerza.

Antes de hacer promesas deberían consultar a especialistas, encargar un diagnóstico serio y recuperar las experiencias nacionales e internacionales. Tendrían que determinar la conflictividad de cada zona, las cargas de trabajo, el estado de fuerza necesario, los perfiles profesionales, los costos presupuestales, los cuadrantes, los mecanismos de supervisión, la coordinación con la justicia cívica, los protocolos de mediación, la atención de víctimas y los indicadores con los que se evaluarían los resultados.

Centro necesita una policía propia, pero no necesita otra corporación improvisada, otro uniforme ni un nuevo brazalete colocado sobre las prácticas de siempre. Necesita una institución del siglo XXI: preventiva, profesional, territorial, cercana a la comunidad, gestora de la convivencia, respetuosa de los derechos humanos y capaz de intervenir antes de que los conflictos escalen.

El error no sería crear la Policía Municipal de Centro, el verdadero error sería crearla sin saber para qué.