Agua y pantano

Extorsión con uniforme

José Raúl Reyes

La prohibición del servicio colectivo de taxis en Villahermosa se ha convertido en un arma para la extorsión, ejecutada por supervisores de la Secretaría de Movilidad, con la complacencia de funcionarios del más alto nivel de la dependencia y en agravio de choferes, concesionarios y de la sociedad en general.

El lunes 10 de este mes se difundieron profusamente en las redes sociales un video y fotografías que evidencian el modus operandi de los servidores públicos. A bordo de la unidad 010, un supervisor contaba sin pudor decenas de billetes, mientras otro recibía, entre unos papeles, al parecer, dinero de manos del chofer del taxi de servicio plus con número económico 4241.

Las imágenes generaron indignación y miles de comentarios de desaprobación por parte de ciudadanos y transportistas, quienes denuncian que estas prácticas ilícitas del personal de la dependencia que dirige Rafael Elías Sánchez Cabrales son una constante y que son toleradas porque el dinero se reparte entre muchos.

Horas después de la difusión del video, la Semovi emitió un comunicado en el que, lejos de informar sobre el inicio de alguna investigación, procedimiento administrativo o suspensión de los supervisores involucrados, se limitó a decir que no había recibido ninguna queja y que esperaría a que se presentara alguna para poder actuar.

Una declaración oficial que, además de inverosímil, raya en el absurdo y que, desde luego, no es compatible con la posición pública de un gobierno que, de manera reiterada, insiste en que está dedicado al combate de la corrupción. Tampoco es la respuesta que se espera de funcionarios de izquierda que hoy están en el gobierno y que, desde la oposición, aseguraban que serían totalmente distintos.

Lo que más llamó la atención fue que la Fiscalía General del Estado sí iniciara una carpeta de investigación por estos hechos, que podrían relacionarse con delitos como cohecho, ejercicio indebido del servicio público y otros. El resultado de esa indagatoria, como puede suponerse, será lo que en realidad importe: que haya castigo y no se siga auspiciando la impunidad institucional.

El modus operandi

Justo a raíz del escándalo que generó el video de los supervisores de la Semovi, uno de los socios de la Unión de Taxis del Municipio de Centro escribió a este espacio para desvelar su modus operandi: se esconden en los sitios de taxis y, si ven que alguna unidad recoge a usuarios que van a diferentes destinos, la siguen; una vez que el conductor termina de brindar el servicio, le exigen los documentos, se los quitan y lo citan para encontrarse posteriormente en algún lugar y ponerse de acuerdo.

En su terreno y con el control de la situación, piden al chofer o al dueño del taxi 10 mil pesos, bajo la advertencia de que, si se niega, la unidad será trasladada al corralón y se le impondrá una multa de 30 mil pesos. La mayoría, si no es que todos, accede a la extorsión para librarse de una sanción económica que consideran de un monto exorbitante.

Así, la situación para los concesionarios de taxis en Villahermosa se torna cada vez más difícil, pues, ante la proliferación de servicios privados por aplicación, la reglamentación gubernamental que obliga a cambiar las unidades de manera periódica y el pago anual de derechos, este modelo de negocio se encuentra en crisis.

Recientemente, la mayoría de los 2 mil 202 socios de la Unión de Taxis del Municipio de Centro que trabajan con la concesión 074 fueron obligados a cambiar sus vehículos por modelos nuevos y, de manera adicional, se les exigió pagar 7 mil pesos a cada uno por la renovación de la citada concesión, lo que representó ingresos por más de 15 millones de pesos para el gobierno.

Habrá quien piense que esta medida está justificada y que la administración estatal cuenta con legitimidad para generar ingresos por todas las vías posibles, y es probable que tenga razón. El problema es que, para las miles de familias que por décadas han vivido del taxi, este dejó de ser una alternativa de negocio o subsistencia.

Hoy resulta sumamente difícil obtener los ingresos suficientes para el mantenimiento de los vehículos, el pago de las mensualidades de los créditos y los salarios de los conductores. Si a eso se suman las extorsiones con uniforme y las disposiciones gubernamentales que las alientan, se condena a todo un gremio a una muerte lenta.