Agua y pantano

Desaparecidos: la insensibilidad desde el poder

Detrás de cada persona desaparecida hay una familia que dejó de vivir con normalidad. Hay madres que aprendieron a distinguir huesos humanos, padres que recorren montes y basureros, hermanos que escarban la tierra y familias completas que gastaron sus ahorros buscando a quien el Estado no pudo proteger y después tampoco pudo encontrar.

Por eso resulta difícil entender la ligereza con la que algunos funcionarios de la llamada Cuarta Transformación hablan de una de las mayores tragedias humanitarias del México contemporáneo.

El lunes 17 de agosto, el fiscal general del estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, presentó cifras sobre desapariciones en la entidad. Entre enero de 2024 y julio de 2026, comentó, fueron reportadas 1,862 personas desaparecidas. De ellas, 1,030 fueron localizadas con vida y 125 sin vida; otras 707 continuaban sin ser localizadas.

Dicho de otra manera: aun aceptando como buena la estadística oficial con la que el gobierno buscó destacar sus resultados, casi cuatro de cada diez personas reportadas seguían desaparecidas.

El fiscal explicó que las causas de ausencia eran diversas: desde personas que se alejaron por cuestiones personales hasta algunas encontradas posteriormente en centros penitenciarios.

Hasta ahí una explicación institucional razonable: no toda denuncia de desaparición termina acreditando necesariamente la comisión del delito de desaparición.

Pero el gobernador Javier May Rodríguez, en la misma conferencia, al hablar del tema, fue más lejos: explicó que investigaciones gubernamentales han permitido establecer que algunas personas registradas como desaparecidas en realidad se van a realizar actividades delictivas en otras entidades.

“Muchas veces están vinculados a una actividad del crimen organizado, delictiva, pero que están como desaparecidos, pero tienen una actividad en otro estado”, dijo.

Después habló de personas que imprimen su CURP, utilizan tarjetas bancarias o efectúan otros trámites fuera de Tabasco mientras oficialmente continúan registradas como desaparecidas. 

El problema no consiste en investigar esas hipótesis, ya que la Fiscalía tiene la obligación de hacerlo, el problema comienza cuando desde la máxima autoridad política del estado se generalizan públicamente indicios particulares y se coloca sobre las víctimas la sospecha de estar relacionadas con actividades criminales. Eso tiene un nombre: estigmatización.

Y precisamente eso fue lo que indignó al colectivo JIREH, Familias Buscadoras de Tabasco, el cual condenó las declaraciones del mandatario tabasqueño.

“Criminalizar a las víctimas es una cobardía institucional”, sostuvo la organización en una carta pública dirigida a May Rodríguez.

Y añadió una frase que debería colocarse en las oficinas de quienes toman decisiones sobre esta tragedia: “su trabajo no es opinar, es buscar y dar resultados”.

Lo paradójico es que apenas el pasado 2 de julio, el gobernador participó en Villahermosa en las Mesas Regionales de Diálogo con familiares y colectivos de búsqueda y entonces sostuvo que la desaparición era una “herida abierta” del país y que las palabras de las familias debían ser escuchadas “con la sensibilidad que este tema exige”. 

Mes y medio después, esa sensibilidad parece haberse extraviado, aunque quizá no debería sorprendernos. En noviembre del año pasado, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente, había sentado precedente desde la tribuna del Congreso de Tabasco.

Al tratar de explicar las diferencias existentes entre los registros de personas desaparecidas y localizadas, aseguró que algunas personas abandonan sus hogares, después regresan y sus familiares no informan a la Fiscalía. Y remató, parafraseando, una canción: “No andaban, andaban de parranda”. 

Para una madre que lleva meses recorriendo fiscalías, hospitales, cárceles, caminos y fosas clandestinas, debe sonar brutal. No es solamente un problema de expresión. Existe una preocupante continuidad discursiva que lastimosamente parece definir a muchos políticos y funcionarios del régimen actual.