Agua y pantano

Medios críticos o acríticos

¿Qué función tiene el Instituto Nacional Electoral? La pregunta parece elemental, pero adquiere sentido cuando el país comienza a vivir un proceso político-electoral mucho antes de que lleguen los tiempos establecidos por la propia legislación.

El INE no fue creado solamente para instalar casillas, contar votos y entregar resultados. La Constitución establece que la función electoral debe regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. A su vez, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le encomienda contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. En otras palabras, el árbitro debe procurar que la competencia se desarrolle con reglas conocidas y condiciones de equidad, con piso parejo.

El problema es que la realidad política avanza mucho más rápido que el calendario electoral. El Proceso Electoral Federal 2026-2027 comenzará formalmente el 10 de septiembre, las precampañas serán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, las campañas, del 4 de abril al 2 de junio; y la elección será el 6 de junio. Los tiempos están establecidos, no son una sugerencia.

Sin embargo, muchos de quienes previsiblemente aparecerán en las boletas ya recorren distritos, municipios y estados; participan en reuniones, visitan comunidades, difunden fotografías y videos, hablan de los problemas de la población, promueven las plataformas de sus partidos y construyen una identificación personal con los electores.

No les llaman campañas. Son “recorridos”, “activaciones”, “asambleas”, “trabajo territorial” o cualquier otro eufemismo disponible.

Tampoco hay candidatos. Hay “coordinadores”, “defensores”, “enlaces”, “promotores” o cualquier denominación que permita hacer política electoral sin llamarla política electoral.

Es cierto, no todo recorrido previo constituye automáticamente un acto anticipado de campaña. El Tribunal Electoral exige acreditar los elementos personal, temporal y subjetivo; es decir, quién realiza el acto, cuándo ocurre y si existe una finalidad electoral expresada mediante un llamado al voto, una solicitud de apoyo o expresiones equivalentes capaces de influir en la contienda.

Pero una cosa es el umbral jurídico necesario para imponer una sanción y otra muy distinta lo que políticamente está ocurriendo frente a nuestros ojos.

Las campañas, en los hechos, se han adelantado y dentro del propio INE existe conciencia del problema. El 27 de mayo, el Consejo General discutió una propuesta para regular estos procesos políticos anticipados. Se planteó que los partidos informaran de esas actividades, establecer una fiscalización anticipada y, cuando se acreditaran actos anticipados de precampaña o campaña, incorporar esos gastos a los topes correspondientes, pero la propuesta no prosperó.

Uno de los argumentos expuestos por el consejero Arturo Castillo es especialmente revelador: bajo las reglas vigentes, muchos de esos gastos se revisarán como gasto ordinario y su fiscalización podría concluir cuando la elección ya haya pasado y ahí está el problema.

No significa que el dinero carezca absolutamente de fiscalización, significa algo quizá más preocupante: el control puede llegar cuando la ventaja electoral ya haya sido obtenida.

¿De qué sirve revisar meses después cuánto se gastó en posicionar anticipadamente a una persona si para entonces ésta ya apareció cientos de veces en redes sociales, recorrió su distrito, construyó estructuras, organizó reuniones, colocó propaganda y estableció una relación política con los electores?

La equidad no se reconstruye retroactivamente, el árbitro puede revisar después la falta, pero el partido ya se habrá jugado.

Mientras tanto, el ciudadano vuelve a quedar reducido a espectador de una competencia que comenzó sin que nadie le avisara oficialmente.

Durante meses verá desfilar a quienes pretenden gobernarlo, tocarán su puerta con la sonrisa habitual de campaña; escucharán sus problemas; prometerán resolverlos y nuevamente ofrecerán el oro y el moro. Los rezagos, las carencias y las necesidades seguirán ahí, lo que crecerá será el hartazgo.

Y con él se deteriorará todavía más la confianza en las instituciones, en los partidos, en los candidatos y, finalmente, en la eficacia del propio voto.

Ese es uno de los daños menos visibles de adelantar artificialmente las elecciones: normaliza la simulación como método democrático.

Se simula que no hay campaña.

Se simula que no hay candidatos.

Se simula que no existe propaganda.

Se simula que todavía nadie compite.

Pero todos sabemos hacia dónde conduce el camino.

Y aquí aparece una responsabilidad que también corresponde a los medios y a los periodistas.

¿Cómo debemos llamar a esas actividades?

¿Con el nombre que inventó el partido?

¿Debemos escribir que determinado político realiza un “recorrido de activación territorial” simplemente porque así lo denomina su equipo de comunicación?

¿Debemos llamar “coordinador” a quien evidentemente trabaja para convertirse en candidato?

Hacerlo acríticamente significa adoptar el lenguaje diseñado por los propios interesados y convertir al periodismo en extensión de su estrategia de comunicación. 

Desde mi perspectiva, el periodista no tiene por qué aceptar el eufemismo; tampoco debe sustituir a la autoridad electoral ni dictar anticipadamente una sentencia jurídica.

Considero que debe describir los hechos con precisión. Si jurídicamente todavía no es candidato, habrá que llamarlo aspirante, si realiza actividades para posicionar su imagen con vistas a una elección, habrá que explicarlo, si promueve públicamente propuestas, plataformas o proyectos políticos rumbo a una candidatura, debe informarse y si un tribunal determina posteriormente que incurrió en actos anticipados de campaña informarlo.

Lo que, a mi punto de vista, no debe hacer el periodismo es convertirse en departamento de prensa de los partidos. Nuestra obligación no consiste en reproducir los términos cuidadosamente escogidos para bordear la ley, sino en proporcionar al ciudadano elementos para comprender qué está sucediendo realmente.

Porque detrás de cada recorrido hay recursos, vehículos, combustible, operadores, publicidad digital, fotografía, video, propaganda, movilización, estructuras territoriales y personal.

¿Quién paga?

¿Cuánto cuesta?

¿De dónde proviene el dinero?

¿Quién lo reporta?

¿A qué cuenta se carga?

Aguas movedizas

Mientras los actores del juego político-electoral se adelantan, cometen fault, se encaraman en las barbas del árbitro y prueban hasta dónde pueden estirar las reglas, el INE ha mostrado una singular preocupación por revisar cómo trabajan los medios.

Esta señal merece atención: los medios no están obligados a ser comparsas de los partidos ni del poder; tampoco del INE. Su función democrática consiste precisamente en lo contrario: observar, investigar, contrastar, cuestionar y, cuando los hechos lo ameriten, incomodar.

Porque frente a elecciones cada vez más largas, costosas y plagadas de simulaciones, la pregunta para los medios no es si deben ser oficialistas u opositores.

Es mucho más sencilla: ¿ser críticos o acríticos?