Agua y Pantano

¿Para cuándo la justicia cívica?

Este miércoles se instalaron en Villahermosa el Consejo Estatal y los consejos municipales de Paz y Justicia Cívica. El gobierno dijo que forman parte de una estrategia federal para construir una cultura de paz en el país.

Estos consejos tendrán funciones consultivas para el diseño, planeación e instrumentación de políticas públicas, pero no tendrán fuerza legal vinculante sobre las instituciones públicas responsables de garantizar la paz y la justicia.

En el papel, los propósitos de la iniciativa pueden considerarse loables. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que exista paz ante la ocurrencia de crímenes y manifestaciones de violencia en todos los ámbitos en nuestro estado?

Naciones Unidas define por cultura de paz un conjunto de valores, actitudes y comportamientos sustentados en el respeto a la vida y a los derechos humanos, el rechazo de la violencia, el diálogo, la cooperación y la solución pacífica de los conflictos. Pero el propio organismo advierte que la paz no significa solamente ausencia de conflictos, sino un proceso positivo y participativo para resolverlos mediante el entendimiento y la cooperación.

Parece, entonces, una meta indiscutible y así se recoge también en los planes nacional y estatal de desarrollo.

Mucho discurso y poca acción

El problema es que, incluso después de la instalación y toma de protesta de los integrantes de los consejos de Paz y Justicia Cívica en el estado de Tabasco, las autoridades no alcanzaron a decirnos cómo se llegará a ella. Los discursos abusaron de las oraciones sin sentido, simplemente para llenar un espacio, pero carecieron de sustancia.

La construcción de una cultura de paz no releva al Estado de su responsabilidad esencial de garantizar seguridad y justicia. Atender las causas de la violencia mediante programas sociales, actividades productivas, jornadas de paz, talleres, actividades comunitarias o servicios a la población puede contribuir a la prevención y a la reconstrucción del tejido social, pero no sustituye la obligación gubernamental de combatir la delincuencia y la criminalidad, garantizar la seguridad pública y hacer efectiva la procuración e impartición de justicia. 

La construcción de la paz comienza por el cumplimiento cabal de estas funciones esenciales para cualquier Estado, con estricto respeto a los derechos humanos.

Y es precisamente en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia  donde los resultados todavía están lejos de las transformaciones ofrecidas. Hubo una reforma judicial, se eligieron mediante votación a jueces y ministros; sin embargo más allá de los cambios en la estructura del Poder Judicial o en la forma de elegir a sus integrantes, lo que aún se sigue esperando es una justicia más pronta, efectiva y accesible.

Algo similar ocurre con la justicia cívica. Aunque ha comenzado a instrumentarse en algunos municipios de Tabasco, todavía no se distingue ni se observa como una política pública prioritaria, integral y homogénea en todo el estado.

Desde hace años existe una ruta para desarrollarla. La justicia cívica recoge una añeja propuesta de académicos y juristas para que el Estado mexicano atendiera la llamada justicia cotidiana: aquella que deriva de conflictos denominados menores o conflictos comunitarios y vecinales, a los que con frecuencia ninguna autoridad presta atención y que, al escalar, pueden transformarse en conductas violentas o delictivas.

Van desde el vecino que provoca ruido excesivo o tiene animales cuyos desechos generan fetidez, hasta el taller que arroja residuos a la red de drenaje, quien invade áreas verdes o quien no respeta las normas básicas de convivencia. En general, conductas incívicas que pueden incluir a quienes arrojan basura, dañan el equipamiento urbano, consumen bebidas alcohólicas en la vía pública o realizan actos que afectan la convivencia comunitaria.

Este tipo de situaciones genera reclamos de justicia que muchas veces no encuentran respuesta.

Urge instrumentar el modelo de justicia cívica

Precisamente por ello, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó primero el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad y posteriormente el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. La propia autoridad federal define la justicia cívica como una política pública de prevención del delito que permite atender de manera rápida los conflictos derivados de la convivencia cotidiana, evitar que escalen y facilitar su solución pacífica.

Uno de los pasos planteados por estos modelos fue transformar los antiguos juzgados calificadores y la figura tradicional del juez de barandilla en verdaderos juzgados cívicos, precisamente para que esos conflictos menores —que en realidad no lo son— puedan ser atendidos oportunamente y se procure su solución mediante mecanismos como la negociación, la mediación y la conciliación.

En Tabasco existen ya algunos avances municipales, pero falta mucho para que la justicia cívica se convierta en una política pública articulada, visible y accesible para los ciudadanos. Incluso documentos oficiales recientes muestran que su instrumentación sigue siendo desigual entre los municipios. 

Aún con todo ello, con una amplia difusión en la televisión estatal y las redes sociales del gobierno, este miércoles se instalaron los consejos de Paz y Justicia Cívica sin que, al menos, se explicara cómo estos nuevos organismos contribuirán a convertir en realidad una política de justicia cívica que lleva años diseñada y que todavía no termina de consolidarse en Tabasco.

La creación de consejos puede ser un buen comienzo, pero la cultura de paz necesita algo más que buenos propósitos. Necesita instituciones que funcionen, autoridades que atiendan los conflictos antes de que escalen, policías capaces de garantizar seguridad y un sistema de justicia que responda cuando los derechos de los ciudadanos son vulnerados.

Aguas movedizas

Por cierto, que para el PRI local, no pasó desapercibida la ceremonia que se celebró en el centro de convenciones que el gobierno, al parecer siempre ya no quiso vender, pues no solo criticó la falta de sustancia de lo que ahí se presentó y se dijo, sino la inasistencia del secretario de Seguridad estatal, Alejandro Leal López, a quien en gran medida le competiría marcar las metas de la nueva estrategia, siendo la dependencia a su cargo la responsable de la prevención de los delitos.