Columna Descomplicado/Jorge Robledo
Hace cinco años que Dulce María busca a su hija Citlali. El 4 de noviembre de 2020, la llevó a la casa de una amiga en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, donde supuestamente dejó olvidado su teléfono, pero desde entonces no supo más de ella ni de la chica con quien se vio ese día.
Citlali estaba estudiando su carrera, que con esfuerzo pagaba su mamá. Ella está segura que su hija fue víctima de trata, pues tiempo después recibió mensajes anónimos que así se lo hicieron saber, pero de nada sirvieron para que las autoridades hicieran su trabajo.
A finales de noviembre de 2024, su caso fue expuesto en la conferencia del gobernador Javier May. Se entregaron los datos de contacto de la señora Dulce al personal que asistía al Fiscal General del Estado de ese entonces, José Barajas, quien públicamente se comprometió a intervenir.
Frente a los micrófonos reconoció que las desapariciones de jovencitas están vinculadas con la actividad de grupos criminales en el estado.
A la señora Dulce la contactaron de la Fiscalía, pero desafortunadamente Barajas renunció a los pocos días su cargo y la esperanzas de la madre de Citlali se esfumaron con su partida, obligada por un acuerdo político, de esos que no reconocen de autonomías ni de preceptos legales.
Dulce María Mancera salió por vez primera a las calles a manifestarse para exigir justicia. Fue el domingo 10, día que se celebró en todo el país a las madres. “No hay nada qué celebrar”, enarbolaron como consigna ella y muchas otras mujeres, que desde hace años buscan a algún familiar.
Ahí estaban también las hermanas y la mamá de Mario Rubicel Ross May, quien en septiembre cumplirá diez años de que no está en casa, que no se sabe nada de él y cuya ausencia ha prolongado el dolor indecible, la angustia y la desazón de una familia.
Como Dulce María, estas mujeres también han realizado el trabajo que debiera corresponder al gobierno y a su Fiscalía, y que les ha permitido saber que Mario Rubicel fue “levantado” por personal de la misma institución y que ellos mismos lo desaparecieron el 22 de septiembre de 2026, cuando salía de su casa rumbo a su trabajo.
Pero estas historias por muy dramáticas que sean son desconocidas. Para el gobierno son un número o un expediente más, para sus vecinos, un asunto olvidado y para los demás tabasqueños un problema que no les atañe.
El día que marcharon Dulce María y al menos 20 personas más, esperaban la solidaridad de los ciudadanos, que los acompañaran, que compartieran su sufrimiento por un momento, pero la insensibilidad se impuso. Nadie en Tabasco, parece estar consciente del peligro en que estamos todos, de que en México las desapariciones son sistemáticas y generalizadas, como lo indicó en su informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es un fenómeno que hoy está relacionado con la actuación del crimen organizado y que “en diversos contextos opera en estrecha convivencia con agentes estatales”, pero que tienen décadas practicándose impunemente en México, según señaló el organismo internacional.
Frente a la intención abierta del gobierno por desviar la atención de los problemas más graves que afectan a la sociedad: las deficiencias de los servicios públicos de salud y educación y la inseguridad y violencia rampantes, solo queda esperar el despertar consciente de una sociedad y sobre todo de una generación, que con valentía y arrojo exija sus derechos y no se deje llevar por el aturdir de la fiesta casi permanente, que se financia con recursos públicos, en detrimento de la atención de las prioridades que competen al gobierno.
Víctimas de la injusticia y el desdén institucional se movilizarán este domingo 18 en la ciudad de Villahermosa, para denunciar la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado. La justicia hoy está dormida, mientras quienes ostentan la responsabilidad de velar por que se administre con eficiencia, probidad y profesionalismo deambulan de evento en evento público, a la espera de recibir ser beneficiados con una candidatura.