Altar mayor

Llegó la hora!...

Como bien decía el  exalcalde de Centla, Amado Franco Suárez en slogan de campaña política: ¡Llegó la hora!

Así también, hoy hay voces que en el plano nacional a propósito del sonado caso Ernesto Ruffo Appel, salen a decir ¡llegó la hora!

El tema del exgobernador bajacaliforniano (sujeto a juicio por presuntos ilícitos cometidos) es una excelente oportunidad –muy propicia, dicen algunos– para que los mexicanos podamos conocer de qué están hechos los nuevos miembros del Poder Judicial de la Federación que llegaron a tal posición mediante la pasada elección judicial.

Surgen expectativas pues por primera vez podremos ser testigos del momento en que los nuevos jerarcas del Poder Judicial se tengan que pronunciar en torno a la determinación legal correspondiente. Podremos constatar qué tan cierta es la tan cacareada autonomía e independencia judicial.

Hay quienes ven en el caso Ruffo Appel un asunto nada sencillo; por eso surgen opiniones de que mucho ayudaría que se deje al Poder Judicial actuar y ejercer precisamente esa independencia y autonomía con absoluta libertad, alejado del manoseo de los políticos que, muchas de las veces, es lo que termina de trastocar la buena labor de esa noble institución cuya labor, por cierto, fue muy satanizada en las postrimerías del régimen anterior.

Hasta ahora lo que han dicho las autoridades, por una parte, es que la empresa Ingemar de la que es socio Ernesto Ruffo Appel fue quien contrató a su vez a otra empresa de Monterrey, denominada Kevinson, SA de CV, para transportar combustible, y que esta última estuvo introduciendo mayor cantidad del combustible autorizado. Tal presunción deja entrever que con ese proceder se evadía el pago de impuestos, lo que ya se ha calificado como huachicol fiscal, situación de la que se acusa al imputado.

Para tratar de entender un poco el asunto, según opinión de especialistas en derecho a los que se le ha preguntado, es la parte acusadora (FGR) la encargada de demostrar con pruebas –no mediáticamente– que el imputado tenía conocimiento que Kevinson estaba metiendo mayor cantidad de combustible a la legalmente autorizada.

Ahora bien, en un plano de verdadera democracia, lo que muchos están deseando es que el caso se resuelva en los tribunales y no mediáticamente; ello si, como se ha dicho, hoy sí existe un Poder Judicial autónomo e independiente razón por la cual se le debe dejar trabajar en libertad; sin embargo, resulta contrastante, y  parecería que el único interés que existe en el sector oficial es usar el tema como un distractor ante los casos de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, que han llamado poderosamente la atención pública nacional e internacional. 

En síntesis, estamos ante un momento de la historia donde se nos ha dicho que esto es parte de la 4T y el proceso de transformación que se impulsa en el país. Entonces, es oportunidad de ver si quienes llegaron, mediante la elección judicial al máximo tribunal del país, están preparados para enfrentar libremente el reto de resolver en materia de justicia y no sujetos a los vaivenes de la política.

No vaya a resultar como el caso de Rosario Robles, acusada por el asunto de la estafa maestra, que luego de estar tres años privada de su libertad sujeta a proceso, finalmente se le dictó sentencia absolutoria misma que fue confirmada.

En realidad, el PJF sin duda alguna, hoy está pasando por una gran prueba histórica. ([email protected])