Carta abierta

Harfuch, el fin de la negación

Omar García Harfuch ha tenido la honestidad de reconocer algo que es necesario agregar en el discurso oficial sobre la crisis de seguridad: que hay servidores públicos involucrados con el crimen organizado.

El secretario de Seguridad rompe así la narrativa de negación sistemática que ha imperado en diversos niveles de gobierno. Esta alianza es lo que la ciudadanía ha atestiguado durante años, a pesar de los intentos de algunos sectores por minimizarla o ignorarla, creyendo que los ciudadanos no ven lo que a todas luces es una realidad en muchos puntos del país.

‘Batman’ habló así ayer miércoles, cuando en una conferencia de prensa anunció la detención de políticos vinculados con Júpiter Araujo Bernard, conocido como El Barbas y líder del cártel de Sinaloa. Entre ellos están Agustín N, presidente municipal de Atlatlahucán; Irving N, expresidente municipal de Yecapixtla; y Raúl Tadeo Nava, expresidente de Cuautla y operador de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

La lista de involucrados incluye también a Horacio N, Pablo Adrián N, Jonathan N y Arisbel Rubí N, mientras que las autoridades continúan la búsqueda de Jesús N, alcalde de Cuautla. Las investigaciones alcanzan a 32 personas, incluyendo a diez empresas, a las cuales ya se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera el congelamiento de sus cuentas.

Harfuch es de los pocos funcionarios que se salvan del equipo de Claudia Sheinbaum, junto con Marcelo Ebrard y Alicia Bárcena, y destaca por ser uno de los contados integrantes del gobierno que cuenta con un apoyo sólido de la opinión pública.

Reconocer la connivencia entre la política y el crimen organizado es un paso adelante para eliminar esta relación que genera ingobernabilidad. Pero hay que pasar de los dichos a los hechos. Ahí está, por ejemplo, el caso de Rubén Rocha, una ‘papa caliente’ que obliga a la 4T a tomar acciones claras para eliminar esa percepción señalada por el hombre fuerte del gabinete de Sheinbaum.

: LA RÚBRICA

La agencia Moody’s Ratings ha reducido la evaluación crediticia de México, desplazándola del nivel Baa2 al Baa3 debido a un panorama financiero más frágil. Este ajuste responde al elevado gasto público, la estrecha capacidad de recaudación y la carga económica del apoyo constante a Pemex. Aunque la perspectiva del país se mantiene estable, el recorte indica una menor probabilidad de que el gobierno cumpla con sus deudas financieras. Esta situación coloca a la nación en una posición vulnerable, muy cerca de perder su categoría de grado de inversión. No obstante, se reconoce que la economía mexicana conserva cierta solidez y capacidad de respuesta política ante posibles crisis fiscales.