Columna Descomplicado/Jorge Robledo
“Tal vez si pagáramos peor a los políticos y mejor a los profesores, habría personas más inteligentes y leyes menos estúpidas…”.
— Morgan Freeman
La presidenta Claudia Sheinbaum se enoja cuando le dicen que EU acusa a Rubén Rocha Moya de estar coludido con el crimen organizado. ¡Quiere pruebas! Lo protege y no lo quiere extraditar; sin embargo, no quieren ver la corrupción familiar.
Las acusaciones de corrupción relacionadas con los hijos de Rubén Rocha Moya han aumentado en 2025 y 2026, principalmente por investigaciones periodísticas y señalamientos sobre contratos públicos en Sinaloa.
Los nombres más mencionados son sus hijos José Jesús Rocha Ruiz y Ricardo Rocha Ruiz. Las principales acusaciones son:
La administración estatal de Sinaloa benefició a una red de empresarios con nexos comerciales directos con José Jesús Rocha Ruiz y Ricardo Rocha Ruiz, hijos de Rubén Rocha Moya, mediante contratos en el DIF —a cargo de su hija, Eneyda Rocha Ruiz— y en los Servicios de Salud.
José Carlos Cárdenas Mellado, socio en dos empresas del hijo menor del gobernador, José Jesús Rocha Ruiz, obtuvo contratos por más de 11 millones de pesos del gobierno de Sinaloa para abastecer de frutas, verduras y abarrotes al DIF y a los Servicios de Salud del estado.
El contrato en Servicios de Salud fue firmado por Eduardo Aguirre Medina, quien también es socio de otro hijo del gobernador, Ricardo Rocha Ruiz.
Además, Cárdenas Mellado —el socio que recibió contratos— fue incorporado en agosto de 2024 al propio gobierno estatal como director del SAT en Sinaloa.
En el DIF, los contratos se otorgaron cuando la dependencia era presidida por Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador.
La empresa El Dorado recibió contratos iniciales por 2.4 millones de pesos en 2022 y 2023, pero las órdenes de compra elevaron el monto real a más de 6.8 millones, casi el triple de lo autorizado.
Aunque los contratos eran para abarrotes, las facturas incluyeron frutas y verduras, productos ligados a otra empresa donde participa el hijo del gobernador: El Águila del Norte.
Otro socio, Alejandro Félix Miranda, también recibió contratos en el DIF, Salud y el municipio de Culiacán. Entre 2022 y 2025 acumuló más de 3.2 millones de pesos.
En conjunto, los contratos y pedidos realizados a los socios de los hijos de Rocha Moya en el DIF, el Sistema de Salud de Sinaloa y el gobierno de Culiacán sumaron cerca de 15 millones de pesos.
¿Por qué no aplicar la ley o, cuando menos, investigar? ¿Acaso hay que esperar al presidente Donald Trump para que se aplique la ley?
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