Columna Descomplicado/Jorge Robledo
“Nadie te va a creer
lo que pasó aquí; mejor
quédate callada(o).”
Martín Rivera Cisneros fue nombrado delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco a finales de 2024, en sustitución de Israel Salas Romero. Desde entonces participó públicamente en informes de seguridad y diversas actividades institucionales de la dependencia durante 2025 y parte de 2026.
Diversos medios de comunicación han reportado que su nombre figura como imputado o investigado en varias carpetas relacionadas con presuntos delitos sexuales y hostigamiento contra excolaboradoras. De acuerdo con esas publicaciones, algunas de las investigaciones continúan en trámite.
En agosto de 2025, un juez federal resolvió no vincularlo a proceso en una de las causas por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación. Sin embargo, distintos medios informaron que dicha resolución fue apelada y que otros expedientes permanecían abiertos.
Pero, al parecer, Martín Rivera Cisneros no aprende ni escarmienta. Versiones que han llegado a esta columna señalan que recientemente surgieron nuevas denuncias en su contra y que habría sido separado de la FGR por presuntas conductas de acoso.
La anécdota que más llama la atención es que, según estas versiones, mientras celebraba su cumpleaños recibió una llamada informándole que era su último día en la institución. Desde ese momento ya no pudo ingresar a las instalaciones de la dependencia.
También se afirma que enfrenta al menos seis investigaciones relacionadas con presuntos delitos sexuales en distintas instancias del país.
En Tabasco, aseguran algunas fuentes, sostuvo una relación sentimental con Mayra N., a quien posteriormente habría promovido como fiscal del Ministerio Público. La pregunta es inevitable: ¿Cuánto poder llegó a acumular?
Las mismas versiones sostienen que dicha funcionaria habría impulsado a familiares cercanos dentro de la institución. Entre ellas, una hermana identificada como Diana N., quien habría sido nombrada fiscal de Bienes Asegurados, y otra más, Yoli N., incorporada al área administrativa.
No sólo eso. También se asegura que fue contratada una prima de Diana N. y que quedó pendiente el ingreso de una sobrina identificada como Danna Paola N., trámite que ya no pudo concretarse tras la salida de Rivera.
Por si fuera poco, fuentes consultadas afirman que Martín Rivera habría realizado favores a personajes con influencia política, entre ellos la presunta liberación de unas pilas aseguradas, por lo que supuestamente habría recibido una importante suma de dinero. Se trata de señalamientos que, por supuesto, corresponderá a las autoridades investigar y esclarecer.
Trabajadores consultados aseguran además que mantenía un ambiente de hostigamiento y acoso laboral hacia parte del personal.
A pesar de todas estas acusaciones y denuncias, aseguran que sigue contando con protección política. Incluso, comentan que suele presumir cercanía con personajes relevantes del gobierno estatal y que habría recibido promesas de apoyo para mantenerse en Tabasco, donde actualmente reside debido a los conflictos y denuncias que enfrenta en la Ciudad de México.
Hoy, según las versiones recibidas por esta columna, Martín Rivera disfruta de un cargo privilegiado: asesor en materia de seguridad del presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Carlos Efraín Reséndez Bocanegra.
Esta situación habría generado inconformidad entre personal de la FGR, que observa cómo, mientras la institución intenta depurar responsabilidades internas, otras áreas gubernamentales terminan dando cobijo a personajes cuestionados.
Hasta aquí la denuncia.
En lo personal, cuesta creer que el gobernador Javier May hubiera recibido directamente a un personaje con tales antecedentes y señalamientos. Resulta más probable que algún servidor público de menor rango haya actuado por cuenta propia, excediendo sus atribuciones.
La otra pregunta queda en el aire: ¿Qué tiene que decir el magistrado Carlos Efraín Reséndez Bocanegra sobre estos señalamientos formulados por trabajadores de la FGR?
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