Cayuco

Cualquier obra o programa social, menos medicamentos

“Es una irresponsabilidad del gobierno comprar medicamentos por millones que no se ocuparán y dejarlos morir en bodegas.”

Dejar que los medicamentos se echen a perder en las bodegas no es un simple error. Es un crimen. Los fármacos caducados son evidencia de mala planeación, desvío de recursos y corrupción. Esa parece ser una de las caras más vergonzosas de la llamada Cuarta Transformación.

¿Por qué pasa esto?

Muchas veces los gobiernos compran de más para obtener beneficios económicos o políticos. Es como comprar tanta comida que termina pudriéndose en el refrigerador. En el sector salud, ese dinero desperdiciado representa un enorme costo para el erario y, sobre todo, para los pacientes.

En las redes sociales existen innumerables denuncias, pero ni los gobiernos estatales ni el federal aceptan su responsabilidad. Seguramente esa factura se cobrará en las próximas elecciones.

Pero déjeme contarle.

Mientras madres y padres de niños con cáncer bloqueaban los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir las quimioterapias que nunca llegaban, en una bodega privada del Estado de México permanecían almacenadas, en silencio, 18.4 millones de piezas de medicamentos.

Entre 2020 y 2024 caducaron ahí metotrexato, vincristina y alglucosidasa: nombres técnicos que, para miles de familias, significan la diferencia entre la vida y la muerte.

El costo económico de ese desperdicio supera los 121 millones de pesos. El costo humano, sencillamente, no puede calcularse.

No fue un accidente ni un simple error administrativo. El caso fue denunciado por el entonces director del Hospital Infantil de México Federico Gómez, c, y actualmente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga posibles responsabilidades de servidores públicos.

Para los abogados de las familias afectadas, el problema dejó de ser un fallo burocrático para convertirse en un presunto caso de negligencia.

Lo más preocupante es que este episodio no parece ser una excepción, sino el reflejo de un problema estructural que el sistema público de salud no ha logrado resolver durante los últimos años.

Birmex, la empresa estatal encargada del abasto de medicamentos y vacunas, dejó caducar 5.04 millones de dosis de vacunas, principalmente de AstraZeneca y Sputnik V, mientras el costo de destruir medicamentos y biológicos vencidos ascendió a más de mil 68 millones de pesos.

Al mismo tiempo, el IMSS y el ISSSTE acumulan millones de piezas de medicamentos caducados o sin distribuir, con un daño patrimonial potencial superior a 2 mil 320 millones de pesos.

Diversas auditorías han documentado medicamentos almacenados durante meses e incluso años, sin llegar a los pacientes que los necesitaban.

El propio secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció públicamente la contradicción: el gobierno compra millones de medicamentos, pero el sistema de distribución falla al momento de hacerlos llegar a quienes los requieren.

El problema ya no parece ser únicamente la compra; es la incapacidad para administrar y distribuir correctamente lo adquirido.

Mientras tanto, desde la Presidencia se sostiene que el abasto nacional de medicamentos supera el 97 por ciento en instituciones como el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE.

Ese porcentaje puede corresponder a indicadores oficiales de suministro, pero no necesariamente refleja la experiencia de los pacientes. Una cifra nacional puede lucir extraordinaria en un informe, mientras una madre recorre hospitales buscando una quimioterapia inexistente.

El problema no es únicamente cuánto se compra, sino si el medicamento correcto llega al hospital correcto, en el momento correcto y para el paciente correcto. En salud pública, los promedios suelen ocultar las tragedias individuales.

Los datos del gasto familiar también muestran una realidad difícil de ignorar. De acuerdo con NielsenIQ, entre 2016 y 2024 el gasto de los hogares mexicanos en salud aumentó 110 por ciento, mientras que el ingreso familiar creció alrededor de 67 por ciento. Al mismo tiempo, la cobertura efectiva de los servicios públicos disminuyó considerablemente.

La consecuencia es evidente: millones de familias terminan pagando consultas, estudios y medicamentos de su propio bolsillo porque el sistema público no pudo ofrecerles aquello que ya financiaron mediante sus impuestos.

La paradoja resulta indignante. El Estado compra medicamentos que terminan destruyéndose por caducidad, mientras los pacientes organizan colectas, rifas o protestas para conseguir exactamente esos mismos tratamientos.

En el sector privado existen sistemas de trazabilidad capaces de conocer, en tiempo real, la ubicación y las condiciones de conservación de cada lote de medicamentos mediante sensores, códigos inteligentes y plataformas digitales.

Esa tecnología ya se utiliza para distribuir mercancías comerciales con enorme precisión. Resulta incomprensible que el sistema público de salud todavía no logre garantizar el seguimiento eficiente de medicamentos que pueden significar la vida o la muerte de un paciente.

Lo ocurrido en el Hospital Infantil no debe verse como un hecho aislado. Los casos documentados en Birmex, el IMSS y el ISSSTE apuntan a un problema de planeación, logística, supervisión y rendición de cuentas.

Investigar y sancionar a los responsables es indispensable. Pero será insuficiente si el sistema continúa permitiendo que millones de medicamentos caduquen en bodegas mientras los pacientes esperan tratamientos que nunca llegan.

La pregunta que las autoridades deberían responder no es únicamente cuántas piezas compraron ni qué porcentaje de abasto reportan.

La verdadera pregunta es otra:

¿Cuántos niños con cáncer vieron interrumpido su tratamiento mientras los medicamentos que necesitaban permanecían olvidados en una bodega hasta perder su fecha de caducidad?

Esa es la estadística que realmente importa. Y esa es la que ningún porcentaje puede ocultar.

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