Cayuco

Morena hace sonar los tambores de guerra

“Cuando un partido en el poder decide llevar los expedientes de sus adversarios hasta la puerta de los ciudadanos, surge la pregunta ciudadana: ¿se busca informar a la sociedad o desacreditar a quienes se atreven a cuestionar al gobierno?”.

Jesús Selván anuncia una campaña casa por casa contra los críticos del gobernador Javier May. La controversia abre interrogantes sobre el uso de recursos, la legalidad de la estrategia y la obligación de aplicar la transparencia también a los funcionarios del partido gobernante.

Apenas transcurrido el segundo informe de gobierno de Javier May Rodríguez, la confrontación política en Tabasco adquiere un nuevo ingrediente: Morena pretende llevar hasta los domicilios de los ciudadanos información sobre los antecedentes de exgobernadores, exalcaldes y personajes políticos que cuestionan a la administración estatal.

El anuncio fue realizado por Jesús Selván García, dirigente estatal del partido gobernante, quien considera necesario que los tabasqueños conozcan quiénes son realmente aquellos que hoy levantan la voz contra el gobierno.

Hasta ahí, podría tratarse de una actividad legítima de información política. Los partidos tienen derecho a cuestionar trayectorias, exhibir documentos públicos y responder a sus adversarios.

Pero el asunto merece un análisis más profundo.

Porque una cosa es debatir con documentos y otra muy distinta convertir los expedientes políticos en instrumentos de confrontación, particularmente cuando quien los distribuye es el partido que controla el gobierno estatal.

La pregunta no es solamente qué información pretende repartir Morena, sino con qué propósito, bajo qué criterios, con qué recursos y si aplicará el mismo procedimiento a sus propios funcionarios.

¿Responder a las críticas o investigar a los críticos?

La estrategia anunciada por Jesús Selván surge en un momento políticamente significativo.

El gobernador Javier May acaba de presentar su segundo informe, una oportunidad para contrastar los avances oficiales con los problemas que todavía enfrentan los tabasqueños.

La seguridad pública, la atención hospitalaria, el abasto de medicamentos, la generación de empleos, la inversión privada y los servicios públicos son asuntos que requieren explicaciones, resultados y seguimiento.

Son temas que no desaparecen porque un expresidente municipal tenga observaciones en sus cuentas públicas o porque un antiguo gobernador arrastre cuestionamientos sobre su administración.

Si un exfuncionario cometió irregularidades, corresponde a las autoridades investigar, documentar y, cuando proceda, sancionar.

Pero las posibles responsabilidades del pasado no sustituyen la obligación de rendir cuentas en el presente.
Y aquí aparece la contradicción que Morena tendrá que explicar.

¿Se pretende que la ciudadanía conozca información relevante sobre antiguos servidores públicos o que desconfíe de cualquier crítica dirigida al gobierno de Javier May?

La diferencia es fundamental.

Una denuncia puede ser verdadera independientemente de quién la formule. Y una acusación contra un opositor debe probarse, aunque provenga del partido gobernante.

Rafael Acosta León puede ser la primer víctima

Entre los personajes mencionados por Jesús Selván aparece Rafael Acosta León, expresidente municipal de Cárdenas.

El dirigente morenista sostuvo que el exalcalde mantiene asuntos pendientes ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y cuestionó las motivaciones políticas de sus declaraciones.

En la información difundida sobre el anuncio se menciona una cuenta pública con observaciones por 68.4 millones de pesos, cifra atribuida a los señalamientos de Selván.

El dato merece una aclaración indispensable: una observación de fiscalización no equivale automáticamente a una sentencia por corrupción ni demuestra, por sí misma, responsabilidad penal.

Si existen procedimientos pendientes, deben conocerse sus expedientes, resoluciones y estado procesal.
Y si existen responsabilidades acreditadas, corresponde exigir que las autoridades actúen.

Lo que no puede hacerse es sustituir el procedimiento legal por una condena política anticipada.
Tampoco significa que Rafael Acosta León, ni cualquier otro exfuncionario, deba quedar fuera del escrutinio público.

La rendición de cuentas no tiene fecha de caducidad política.
Pero debe sustentarse en hechos y documentos, no únicamente en la confrontación partidista.

¿Y los expedientes de Morena?

La respuesta del exalcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, introduce otra dimensión al debate.

Gaudiano cuestionó si Morena estaría dispuesto a distribuir también expedientes de funcionarios de su propio partido, y preguntó quién financiaría las impresiones y los recorridos.

Porque Morena no solamente gobierna Tabasco. También tiene responsabilidades de gobierno en numerosos municipios y mantiene una presencia determinante en los poderes públicos.

Por eso, si su dirigencia considera que divulgar antecedentes de servidores públicos contribuye a la transparencia, el criterio tendría que ser uniforme.

¿Se incluirán las observaciones de las cuentas públicas de alcaldes morenistas?
¿Se informará sobre las investigaciones administrativas que involucren a funcionarios actuales?

¿Se darán a conocer los resultados de auditorías, los contratos cuestionados y las sanciones que hayan quedado firmes?
¿O la campaña estará dirigida exclusivamente contra quienes critican al gobernador?

La transparencia selectiva siempre despierta sospechas, cualquiera que sea el partido que la practique.

El artículo 134 y los recursos públicos

Existe otro aspecto que las autoridades electorales no deberían perder de vista.

¿Quién pagará las fichas, su impresión y distribución? ¿Quiénes realizarán los recorridos domiciliarios? ¿Participarán exclusivamente militantes y trabajadores del partido?

La legislación permite que las organizaciones políticas desarrollen actividades de difusión y propaganda dentro de los límites establecidos.

Sin embargo, el artículo 134 constitucional obliga a los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos bajo su responsabilidad, sin afectar la equidad de la competencia política.

La política después del segundo informe

Hay un elemento que vuelve especialmente relevante esta controversia: el momento elegido.
Javier May acaba de rendir cuentas sobre su segundo año de administración.

En una democracia, los informes gubernamentales no deberían limitarse a los discursos oficiales, los aplausos de los invitados o las cifras presentadas por las dependencias.

También deben abrir espacio a la revisión crítica de sus resultados.
Corresponde a los partidos de oposición cuestionar, presentar pruebas, proponer alternativas y señalar las contradicciones que encuentren.

Y corresponde al gobierno responder con información pública, indicadores verificables y explicaciones.

El problema comienza cuando la discusión sobre los resultados se desplaza hacia la biografía de quienes hacen las preguntas.

Porque, aun suponiendo que un opositor haya cometido irregularidades durante su paso por el servicio público, eso no responde automáticamente a los problemas actuales de un hospital, una comunidad sin agua potable o una familia afectada por la inseguridad.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer ambas cosas: los antecedentes de sus representantes y los resultados de quienes gobiernan.
No son asuntos excluyentes.

Rumbo a 2027

La decisión de Morena también debe observarse dentro del escenario político que comienza a configurarse rumbo a las elecciones de 2027.

Los recorridos domiciliarios constituyen una herramienta habitual de organización territorial y contacto ciudadano.

Por ello, resulta relevante conocer si esta campaña tendrá una finalidad estrictamente informativa, si formará parte de las actividades ordinarias del partido o si estará vinculada a una estrategia de posicionamiento político.

La competencia democrática necesita debate, información y fiscalización, no privilegios para quienes gobiernan ni inmunidad para quienes se oponen.

El verdadero examen de la transparencia

Jesús Selván tiene derecho a defender políticamente al gobierno de Javier May y a cuestionar las trayectorias de sus adversarios.

También los exgobernadores, exalcaldes y dirigentes opositores tienen derecho a criticar al gobierno, sin que ello los exima de responder por su propia gestión.

La cuestión de fondo es otra.

Si Morena sostiene que la sociedad debe conocer los antecedentes de quienes participan en la vida pública, debería respaldar que esa información sea completa, verificable y accesible para todos.

La piragua

Si están dispuestos a llevar casa por casa los expedientes de quienes critican a Javier May, ¿también llevarán los expedientes de los funcionarios de Morena que hoy ejercen el poder?

Porque el verdadero compromiso con la transparencia no se demuestra exhibiendo únicamente los errores del adversario, sino aceptando que la misma ley, la misma fiscalización y el mismo escrutinio público alcancen a todos.

Y en Tabasco, después de dos años de gobierno, los ciudadanos tienen derecho a conocer tanto las cuentas del pasado como los resultados del presente.

Denuncias y sugerencias
[email protected]