Contexto

Pegasus, el espía que nunca se fue

La revelación hecha por la Universidad de Berkley, de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador usó en su gobierno el programa Pegasus para espiar a periodistas, es grave porque desde hace tiempo se viene vulnerando la libertad de expresión al caer en este tipo de prácticas, echando por tierra una de sus promesas de campaña de que en México se acabó con el espionaje.

Le pongo en Contexto que cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia en 2018, una de sus promesas más emblemáticas fue que no habría espionaje contra periodistas ni opositores. “No somos iguales a los anteriores”, repetía con insistencia cada vez que el fantasma de Pegasus aparecía en la conversación pública durante sus conferencias mañaneras. Sin embargo, la historia se empeñó en contradecirlo.

Las revelaciones de la investigación Ejército Espía, publicadas en 2022, documentaron que la Secretaría de la Defensa Nacional había adquirido Pegasus en 2019, ya con López Obrador en el poder, y que el software se utilizó para espiar a periodistas como Ricardo Raphael y a defensores de derechos humanos como Raymundo Ramos.

En ese entonces, cuando se destapó de que se estaba usando Pegasus, el mandatario negó todo y dijo que era una pérdida de tiempo espiar a Raphael, que no leía sus artículos. Además aseguró que las labores del Ejército eran de “inteligencia y no de espionaje”.

Pero la negación de AMLO ha sido desnudada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, que  documentó en 2026 que durante el sexenio de López Obrador se utilizaron no solo Pegasus, sino también Geomatrix y Cellebrite UFED, herramientas de vigilancia de última generación, contra periodistas y defensores de derechos humanos, sin autorización judicial y sin que existiera ley que facultara a las fuerzas armadas para interceptar comunicaciones.

Según los analistas de Berkely, la investigación concluyó que se trató de una campaña sostenida para castigar a los vigilantes cívicos y que los periodistas fueron tratados como enemigos del Estado, tal y como sucede ahora para los periodistas que se atreven a cuestionar y denunciar las anomalías en el ejercicio de la administración de los servidores públicos.

Los dichos de AMLO de que no eran iguales a los del pasado y que con el supuesto desmantelamiento del Cisen, el espionaje se había acabado en México, quedarían en entre dicho, por lo que como diría una frase de una película de ciencia ficción: se volvió lo que juro destruir. Porque criticó cuando era opositor, que durante el sexenio de Peña Nieto el espionaje con Pegasus, espiara a periodistas, activistas, y a él mismo, su esposa, sus hijos y hasta su cardiólogo. En aquel entonces, López Obrador mostró su indignación aunado a que denunció al gobierno, como autoritario, antidemocrático, violador de derechos humanos.

Lo lamentable de este asunto es que la indignación se desvaneció cuando los mismos actos se cometieron desde el gobierno que prometió erradicarlos. Tomando en cuenta los resultados de esta investigación, el gobierno de López Obrador no solo no desmanteló el aparato de vigilancia heredado sino que lo perfeccionó.  La Ley Espía se mantuvo intacta, legitimando el uso de tecnologías de vigilancia bajo el argumento de que “ya estaba” desde administraciones anteriores.

Hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, la pregunta es inevitable: ¿Se continuará la vigilancia ilegal contra periodistas? La Presidenta ha negado que su gobierno esté comprando equipo de espionaje a Israel. Ha dicho que corresponde a la Fiscalía investigar los sobornos que empresarios israelíes atribuyen a Peña Nieto. Pero estas negaciones no son suficientes porque  la sombra de Pegasus ha vuelto a escena con la revelación de esta universidad de Estados Unidos.

No obstante, seguramente el gobierno y la Presidenta enfundados en su narrativa de que la oposición y los medios contrarios al gobierno, usan información proveniente del vecino país del Norte, por su afán de golpearlos sin importar hacerle el caldo gordo a fuerzas extranjeras que están inconformes con su manera de gobernar, difunden información falsa.

Sin embargo, lo preocupante del asunto para los periodistas es que aparte de etiquetarlos como a favor de los conservadores y faltos de verdad, porque según denuncian sin pruebas, pero aun y cuando se presenta la documentación, al final no aceptan la verdad.

De ahí que la crítica desde la mañanera, la estigmatización de quienes investigan, la impunidad sistemática, todo conforma un ecosistema donde el periodismo independiente es tratado como una amenaza a neutralizar.

La pregunta que hoy flota en el aire no es si Sheinbaum espía a periodistas, si no que cuando el próximo escándalo de Pegasus estalle, ¿se tendrá la honestidad de reconocer que el problema nunca fue un partido o un presidente, sino un Estado que aprendió a vigilar sin consecuencias y que, en el peor de los casos, encuentra en la vigilancia una herramienta demasiado útil para abandonarla?