En contexto

Caso Rocha Moya, revive el modus operandi de presión gringa sobre el gobierno mexicano

La petición de detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios públicos entre ellos un actual senador de Morena, por parte de Estados Unidos, se ha convertido por parte del vecino país del norte en su modus operandi para presionar al gobierno mexicano con alguna petición ya sea en materia de seguridad, política monetaria y principalmente con el objetivo política ante un panorama preelectoral.

Hay que recordar, que el tema de extradición de un funcionario de alto nivel por parte del vecino del norte, no es nuevo; déjeme ponerle en contexto que en 2019 hubo un caso similar y su protagonista fue nada menos y nada más que un secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, pero luego de las acusaciones, el ex mando militar quedó en libertad por falta de pruebas. Una vez en libertad, este secretario de Defensa en el sexenio de Peña Nieto, hasta recibió una condecoración por sus años de servicios de las manos del propio Andrés Manuel López Obrador.

Hay que recordar que la acusación en contra de Cienfuegos  se dio en 2019, en donde como acontece con el caso Rocha Moya, una corte federal en Nueva York acusó al General  de conspirar con el Cártel de los Beltrán Leyva, ayudándolos a cambio de sobornos. Ante esta situación la detención fue efectiva en 2020 en donde fue arrestado en el Aeropuerto de Los Ángeles, sorprendiendo al gobierno mexicano.

En ese entonces la Fiscalía General de la República (FGR) investigó el caso y, en una decisión sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, retiró los cargos y lo deportó para ser investigado en México, supuestamente por presiones diplomáticas. Ya en México la fiscalía exoneró a Cienfuegos por falta de pruebas, generando una fuerte crisis de credibilidad sobre la lucha anticorrupción.

En ese sentido, aunque el patrón es el mismo con el caso Rocha Moya, como son las acusaciones de alto perfil con base en testimonios de narcotraficantes; el panorama político y legal actual presenta diferencias clave que complicarían su resolución. Y es que a diferencia de Cienfuegos Rocha Moya,  está en funciones en México, por lo que la Constitución le otorga un fuero constitucional que de alguna manera lo protege para ser procesado o extraditado, por lo que seria necesario un juicio político para desaforarlo por parte de la Cámara de Diputados, quien tendría que retirarle la protección. Este proceso podría ser  lento y con un Congreso donde Morena tiene mayoría sería algo complejo.

Principalmente porque la a Cancillería mexicana  y la FGR, han dicho que todavía no reciben la solicitud de extraditación, además de que las acusaciones no vienen acompañadas de pruebas suficientes para proceder con la detención, como lo exige el tratado bilateral, sobre todo porque México envió una queja diplomática al país del Norte por la filtración pública de los nombres, acusando a Washington de violar la confidencialidad del proceso para generar un golpe mediático más que una acción judicial sólida.

En ese orden de ideas, pareciera que el gobierno de Trump, con estas acciones, está marcando la raya por las acusaciones de la presidenta, de violación a la soberanía nacional por los dos agentes de la CIA, que fallecieron la semana pasado al regresar luego de la participación en un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio. Principalmente porque desde hace varios días la vocera de la Casa Blanca acusó a la presidenta Sheinbaum de falta de empatía por la muerte de los agentes de la CIA, porque solo se enfrascó en el discurso de violación de la soberanía.

Las tensiones derivadas de la acusación de Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, así como del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros funcionarios y exfuncionarios del estado de delitos de narcotráfico y posesión de armas, han ocasionado que el gobierno mexicano le recuerde a Estados Unidos que al haber acordado trabajar a favor de la seguridad mediante colaboración, por lo que ha exigido a al país vecino presente las pruebas contundentes y ha recordado casos pendientes de extradición de funcionarios estadounidenses solicitados por México.

Sin embargo, algunos juristas le han platicado a quien escribe que si nos guiamos por el caso Cienfuegos, las acusaciones de Estados Unidos generan un enorme desgaste político y mediático, pero no garantizan una detención inmediata por la aportación de pruebas materiales y no solo por los dichos de un llamado testigo colaborador.