Columna Descomplicado/Jorge Robledo
En México estamos viviendo un fenómeno que no tiene explicación lógica: un gobierno que presume haber acabado con la corrupción… pero que en siete años y medio no ha señalado, investigado, sancionado ni destituido a un solo funcionario de su propio círculo. Ni uno.
En un país donde la corrupción es estructural, cotidiana y visible, esa “limpieza total” no es un logro: es una mentira.
Los casos están ahí. Contratos inflados, obras sin transparencia, asignaciones directas, conflictos de interés, desvíos disfrazados de programas sociales, decisiones tomadas en la oscuridad. Todo documentado. Todo público. Todo expuesto.
Pero la respuesta oficial es siempre la misma: culpar al pasado para no asumir el presente.
Y mientras tanto, todos los funcionarios resultan milagrosamente “honestos”.
Ninguno investigado.
Ninguno procesado.
Ninguno sentado frente a un juez.
La 4T presume que en su gobierno no hay corrupción. Pero lo que realmente no hay es voluntad de investigar. No hay auditorías internas que avancen. No hay sanciones administrativas. No hay multas. No hay expedientes. No hay nada.
Esa ausencia absoluta de responsables no habla de un país limpio. Habla de un sistema que decidió no ver, no tocar, no incomodar a los suyos.
Es claro entender que cuando un gobierno se declara incorruptible mientras ignora evidencias, protege a su círculo y bloquea cualquier intento de revisión interna, eso no es ética.
Eso es complicidad.
Eso es impunidad.
Y es una burla para un país entero que sí paga el precio de la corrupción todos los días: en trámites, en servicios, en obras mal hechas, en decisiones que benefician a unos cuantos.
La corrupción no desapareció.
Lo que desapareció fue la intención de perseguirla.
Y ese pacto silencioso del poder es, quizá, el daño más profundo que este gobierno dejará.