La agenda en red

El gobierno mexicano perdió el control de su propia narrativa judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum repitió hasta el cansancio que no entregaría a nadie “sin pruebas”. Esa palabra —pruebas— se convirtió en el escudo discursivo de su gobierno. Hoy, ese escudo se ha roto.

Dos de los diez solicitados por Estados Unidos ya están fuera de México: uno detenido en Europa, el Secretario de Finanzas, Enrique Díaz y otro, el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, que se entregó voluntariamente en la frontera de Nogales, Arizona.

El discurso oficial se sostenía en la idea de que no había expedientes sólidos para presentarlos y entregarlos al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los acusados no esperaron a que México decidiera: Dos se entregaron o fueran capturados en otros países.

Eso significa que sí existen investigaciones abiertas de estas 10 personas en la Corte de Manhattan, donde ayer fue presentado Gerardo Mérida.

La entrega voluntaria del exsecretario de Seguridad Pública no es un acto menor. Todo apunta a que busca convertirse en testigo protegido, bajo la condición de denunciar todo lo que sabe.

Esa decisión abre la puerta a revelaciones que pueden involucrar a más figuras políticas y militares, de ahí el temor que se genera en la clase política actual.

La presidenta ya no puede sostener que “faltan pruebas”. Los expedientes existen y se están procesando en tribunales de los Estados Unidos. La pregunta que queda es: ¿seguiremos aferrados a un discurso de protección a señalados penalmente mientras que en otros países se avanza en la justicia?

La ciudadanía merece certezas en su autoridad, no excusas ni pretextos. Porque si los acusados se entregan para colaborar con la justicia internacional, lo que queda en evidencia es que México perdió el control de su propia narrativa judicial. Y eso es lo más lamentable.

El escenario que queda después de estas evidencias es la vulnerabilidad del gobierno frente a los posibles nexos con el crimen organizado.

La pregunta que flota en el ambiente es inevitable: ¿seguirá la presidenta Claudia Sheinbaum protegiendo a políticos señalados, aun a costa de su propia seguridad y credibilidad, o hará un viraje para intentar salvar la figura presidencial?

Porque ya no se trata de discursos ni de excusas: los expedientes existen, los acusados se entregan, y la Corte de Estados Unidos avanzan. Lo que está en juego no es solo la reputación de un gobierno, sino la confianza de la ciudadanía en que México camine por senderos de justicia propia. No externa como hoy.