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De la cárcel selectiva a la impunidad sistemática

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, seis gobernadores priistas terminaron en prisión. Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua, entre otros, se convirtieron en símbolos de un castigo que, aunque selectivo y cargado de cálculo político, al menos mostró que la corrupción podía tener consecuencias. La narrativa oficial era clara: se está actuando.

Hoy, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, los escándalos se multiplican. Desde acusaciones de desvíos multimillonarios en programas sociales hasta señalamientos contra funcionarios de Morena en distintos estados. Sin embargo, la justicia permanece inmóvil. No hay gobernadores tras las rejas, no hay procesos ejemplares, no hay señales de que la impunidad vaya a romperse.

La diferencia es brutal: antes, cárcel como espectáculo político; ahora, silencio como estrategia de contención. En ambos casos, la ciudadanía queda atrapada en la misma paradoja: se castiga a unos para salvar la imagen del sistema, o se protege a todos para evitar fracturas internas. El resultado es el mismo: la corrupción sigue siendo un costo asumido por el pueblo.

El reto ciudadano es no dejarse engañar por la narrativa oficial. Lo que necesitamos es un sistema judicial independiente, que nos fue arrebatado por conveniencia política del gobierno morenista y que ha sido capaz de actuar por instrucciones y un cálculo político vergonzoso.

La conclusión es directa: mientras no haya justicia autónoma y sanciones reales, la impunidad seguirá siendo la base de este gobierno.