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Clara Brugada y el pintar sin norma, y pagar sin castigo

La Ciudad de México vivió un episodio que desnuda la improvisación en la gestión pública: la orden de pintar rayas viales en color lila y después repintarlas en amarillo, como marca la norma. No se trata de un error menor ni de un capricho estético, sino de un caso de responsabilidad civil, económica y administrativa. La normativa nacional y los manuales internacionales son claros: el amarillo en guarniciones y banquetas indica prohibición de estacionamiento, y los cruces peatonales requieren blanco o amarillo para máxima visibilidad. El lila no existe en ningún estándar. Al sustituirlo, se perdió visibilidad, se incrementó el riesgo de accidentes y se generó confusión en zonas críticas para peatones y conductores.

El costo de corregir la medida fue doble: pintar y repintar, gastar dos veces en materiales y mano de obra, desperdiciar dinero público que pudo destinarse a reparar baches o mejorar banquetas. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿quién paga el error? La respuesta es simple y dolorosa: lo paga el erario, es decir, los ciudadanos. 

La autoridad responsable rara vez enfrenta consecuencias directas, pero la Ley General de Responsabilidades Administrativas sí prevé sanciones claras: amonestaciones, suspensiones, destituciones, inhabilitaciones de hasta veinte años y multas proporcionales al daño causado al erario. En este caso, ordenar un gasto innecesario y contrario a la normativa puede considerarse una falta grave.

La presión ciudadana obligó a revertir la medida, pero el daño ya estaba hecho: una considerable cantidad de dinero perdido en pintar y repintar y una confianza erosionada. 

La infraestructura urbana no es un lienzo para experimentar con colores partidistas, es un sistema de seguridad que salva vidas. Alterar sus códigos sin sustento técnico es irresponsable, y cuando esa irresponsabilidad se traduce en gasto doble, el problema deja de ser anecdótico: se convierte en un abuso contra el erario y contra la ciudadanía.

La lección es contundente: pintar sin norma es pagar sin castigo. Mientras las sanciones previstas en la ley no se apliquen en serio, los errores seguirán repitiéndose y la factura seguirá llegándole a los ciudadanos.