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Techos solares: ¿justicia energética o burocracia interminable?

La Secretaría de Energía anuncia con entusiasmo el programa Techos Solares para el Bienestar, con la promesa de llevar energía renovable a 150 mil hogares. El discurso es poderoso: poner la transformación energética al servicio del pueblo de México, fortalecer la soberanía y vincular la justicia energética con la justicia social. Sin embargo, en la práctica cotidiana, el ciudadano se topa con un muro: la CFE y sus trámites de interconexión.

Para que un hogar pueda aprovechar sus paneles solares, necesita un medidor bidireccional que registre tanto el consumo como la energía que se devuelve a la red.

Este cambio, aparentemente sencillo, se convierte en un trámite tortuoso. Meses de espera, papeleo repetido y respuestas evasivas hacen que la promesa de soberanía energética se diluya en la burocracia. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Quiere la CFE seguir cobrando tarifas altas en lugar de facilitar el autoconsumo?

La energía solar no es un lujo ni un capricho tecnológico. Es un derecho ligado al cuidado del planeta y a la economía familiar. Cada hogar que instala paneles solares contribuye a reducir emisiones y a aliviar la carga de la red eléctrica nacional. Pero cuando el Estado promete y no cumple, el ciudadano queda atrapado entre la ilusión de la transición energética y la realidad de trámites que parecen diseñados para desincentivar.

El gobierno habla de soberanía, pero la soberanía no se construye con anuncios, ni promocionales, sino con acciones concretas que faciliten el acceso a la energía limpia.

Mientras se celebran programas piloto, miles de familias esperan la autorización de la CFE para conectar sus paneles. La contradicción es evidente: se proclama independencia del petróleo, pero se mantiene dependencia de una burocracia que obstaculiza la innovación ciudadana.

La transición energética no puede depender solo de decretos. Requiere una ciudadanía activa que exija transparencia, plazos claros y trámites ágiles.

El ciudadano debe reclamar su derecho al autoconsumo y presionar colectivamente para que la CFE cumpla con su papel de facilitador, no de obstáculo.

La justicia energética será verdadera cuando los hogares puedan producir y consumir su propia energía sin trabas burocráticas.

Si queremos que la transición energética sea más que un discurso, debemos transformar la indignación ciudadana en acción colectiva. Solo así la justicia energética que todos necesitamos dejará de ser una promesa y se convertirá en una realidad palpable.