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Del Food Park al desalojo exprés: el precio de la subasta

La mañana de ayer sábado, personal del gobierno del Estado retiró las estructuras de La Antojería: Food Park, instaladas en un predio del parque La Choca bajo una autorización temporal otorgada en 2019. El operativo no fue casual: el terreno forma parte del gimnasio La Choca, subastado hace pocos días por más de 200 millones de pesos a la empresa Interservicios de Tabasco SA de CV.

Durante casi siete años, se dice, que el empresario Edén Caraveo Carvalho ocupaba el inmueble estatal mediante el arrendamiento de unos 40 locales, cobrando presuntamente 6 mil pesos mensuales por cada uno, además de los servicios de agua y energía eléctrica. 

Con ese esquema, los ingresos por rentas habrían alcanzado alrededor de 240 mil pesos mensuales, equivalentes a 2.88 millones de pesos anuales. 

Lo más grave es que Edén Caraveo no actuaba en la sombra: contaba con la anuencia del gobierno para subarrendar el terreno. Es decir, hubo tolerancia oficial frente a un esquema que convirtió un bien público en negocio privado.

El costo social

El desalojo deja en la calle a casi 120 familias que dependían de sus negocios para sobrevivir. Mientras las autoridades celebran la recuperación del predio y la subasta millonaria del gimnasio, los locatarios enfrentan hoy la incertidumbre de perder su fuente de ingresos sin que nadie se hubiera preocupado de hacer por lo menos un plan de reubicación o apoyo.

La narrativa oficial habla de modernización y desarrollo urbano, pero la realidad inmediata es otra: comerciantes desalojados, proyectos privados en puerta y un gobierno que se deslinda de su responsabilidad social.

La urgencia del gobierno

El caso revela la urgencia gubernamental por obtener recursos. 

El desalojo exprés parece responder más a la necesidad de entregar el inmueble subastado libre de ocupaciones, al de la defensa del interés público. 

El gimnasio La Choca subastado supone forma parte de la multimillonaria inversión de un criticado proyecto llamado Villahermosa 2030, el cual busca transformar la principal avenida llamada Paseo Tabasco en una ciudad que requiere mejores servicios y demanda proyectos útiles y necesarios.

Sin embargo, la pregunta ciudadana es inevitable: ¿Qué urgencia justifica sacrificar el sustento de decenas de familias? La sospecha crece: la urgencia no es por la ciudad ni por sus ciudadanos, sino por un gobierno que busca dinero rápido sin rendir cuentas.

Conclusión

El desalojo de La Antojería es más que un operativo administrativo: es el símbolo de un modelo donde el interés privado se impone sobre el derecho ciudadano. 

La complicidad oficial permitió la explotación del predio durante años, y ahora, por la prisa por obtener recursos, lo entrega a un nuevo propietario sin importar el costo social.

La ciudad merece respuestas claras: ¿Quién protegerá a los pequeños comerciantes cuando los grandes proyectos urbanos avanzan? ¿Quién garantiza que los recursos obtenidos se traduzcan en beneficios reales para la comunidad? 

Hasta ahora, lo único evidente es que la urgencia gubernamental tiene un precio, y lo pagan los ciudadanos más vulnerables.