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Árboles que sí se cuentan, apoyos sociales que no

En Toluca, el presidente municipal presume que se han plantado más de 78 mil árboles en lo que va del año, superando metas y mostrando cifras verificables. Los árboles están ahí: se pueden contar, fotografiar y auditar. La reforestación urbana y forestal es tangible, porque se compra a invernaderos, como en todo el país, se plantan en calles y bosques, y se mide con números claros.

En contraste, el programa federal “Sembrando Vida” asegura en información oficial que atiende a más de 400 mil sembradores en 24 estados, incluido el Estado de México. Sin embargo, oficialmente no existe un desglose público por entidad, ni reglas de operación claras que permitan saber cuántos beneficiarios reales hay en cada estado.

Fue precisamente esa práctica —la compra de árboles a invernaderos privados— lo que despertó mi duda: ¿por qué no pensar en que los beneficiarios de programas sociales como “Sembrando Vida” en el Estado de México pudieran organizarse para producir ellos mismos los árboles? Si existen miles de sembradores, ¿no sería lógico que se convirtieran en proveedores directos y transparentes de las campañas de reforestación? Esa cifra no se tiene, y despierta sospechas.

La opacidad abre la puerta a dudas legítimas: ¿cómo se comprueba que los recursos llegan a quienes deberían recibirlos?, ¿cómo se evita el desorden financiero en un gasto social que supera el billón 300 mil millones de pesos?

La diferencia es brutal: los árboles de Toluca se están contando, los sembradores del programa no. Y en esa brecha se esconde el riesgo de que la política social se convierta en un terreno fértil para la discrecionalidad y el desvío.

Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo se presume un gasto gigantesco sin la mínima transparencia que debería acompañar cualquier programa público.

La propuesta ciudadana por la que nació esta opinión es preguntarse cuál es la razón por no crear un gran invernadero estatal en el Estado de México?

Si los beneficiarios de programas sociales estuvieran organizados y transparentados, como deberían podrían convertirse en proveedores directos de los árboles que hoy se compran a invernaderos privados. Imaginemos un gran invernadero estatal en el Estado de México, operado por los propios sembradores, que abastezca a municipios en sus campañas de reforestación. El círculo se cerraría: dinero público, beneficiarios reales, producción verificable y reforestación medible.

Esto no solo daría certeza del gasto, sino que generaría empleo, fortalecería la economía local y garantizaría que cada peso invertido tenga un impacto visible en la sociedad y en el medio ambiente.

La transparencia no es un lujo, es la única forma de garantizar que el dinero público cumpla su propósito y no se pierda en la maleza de la corrupción. Si se pueden contar árboles, también se deberían poder contar beneficiarios, que no se hace.

La ciudadanía merece saber cuántos apoyos llegan, dónde se aplican y qué resultados producen.

La reforestación urbana nos demuestra que cuando hay metas claras y números verificables, los resultados son palpables. Los programas sociales deberían seguir el mismo camino: reglas de operación claras, padrones públicos y auditorías abiertas.

Como eso no se tiene ni hay información abierta, creo que es momento de que la sociedad despierte y exija transparencia.

No basta con escuchar cifras millonarias en discursos oficiales: necesitamos padrones públicos, auditorías abiertas y reglas claras de operación. Solo así podremos confiar en que los recursos llegan a quienes realmente los necesitan y que los programas sociales cumplen su propósito y no se desvía como se está sospechándo.

Así como se pueden contar árboles que se compran, así se deberían de contar los beneficiarios. Así debería de ser igual de obligatorio. La ciudadanía tiene el derecho a exigirlo, sin transparencia no hay confianza, y sin confianza no hay veracidad de que exista una verdadera justicia social.