Columna Descomplicado/Jorge Robledo
Las llamadas “listas” no son un ejercicio de transparencia: son un mecanismo de intimidación. Exhibir a quienes opinan distinto es una forma de persecución disfrazada de análisis. El gobierno que recurre a esa práctica no busca entender la crítica, busca callarla.
Clasificar a ciudadanos, periodistas o empresarios como si fueran enemigos públicos es un acto autoritario. No hay pruebas de conspiración, no hay evidencia de coordinación, solo hay voces que coinciden en señalar lo que no funciona. Y eso, lejos de ser ilegal, es legítimo: se llama libertad de expresión.
El verdadero engaño está en querer convencer a la sociedad de que la crítica es producto de millones de bots o de campañas pagadas. No. La crítica nace de la inconformidad real, de la frustración cotidiana, de la indignación frente a los abusos. Pretender que miles de ciudadanos son máquinas automatizadas es negar la existencia de una sociedad viva y pensante.
Entre los señalados en esas listas se encuentra Marco Levario Turcott, director de la revista Etcétera. Su inclusión confirma que no se trata de un análisis serio, sino de un intento de desacreditar voces incómodas. Levario exigió su derecho de réplica, y con ello dejó claro que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar la estigmatización como sustituto del debate. Su caso es emblemático: cuando un medio independiente es atacado, lo que se busca es debilitar la pluralidad informativa, pero lo que se consigue es fortalecer la convicción de que la crítica es indispensable.
No es casualidad que las listas se presenten en coyunturas de alta tensión pública: detenciones, acusaciones, muertes de personajes ligados al crimen organizado. En esos momentos, las redes hierven de mensajes, y el gobierno pretende leer esa efervescencia como prueba de conspiración. Es un error grave. Que la ciudadanía se exprese con intensidad en momentos críticos es lo más natural, cuando la indignación crece como ya sucede, hay más voces que exigen explicaciones.
Las listas del gobierno no demuestran nada, salvo la intolerancia de quienes las elaboran. Lo que sí demuestran es que hay un país plural, que no se deja reducir a consignas oficiales.
Esa pluralidad, aunque incomode al poder, es la mejor prueba de que la ciudadanía sigue resistiendo.