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La Corte legalizó el robo a los adultos mayores

El fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las reformas de 2024 que permiten al gobierno apropiarse de los ahorros de trabajadores mayores de 70 años que no reclamen su afore. Se trata de 24 mil millones de pesos que pasarán al llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El argumento oficial es que se trata de un mecanismo para garantizar pensiones dignas. Pero en realidad, lo que se observa es un Estado quebrado que busca recursos privados para tapar sus huecos financieros. La decisión no facilita la recuperación del ahorro: la obstaculiza y lo convierte en botín.

El proceder del gobierno es claro: disfrazar bajo la etiqueta de “bienestar” lo que en cualquier país se llama robo. Y lo más grave es que ahora ese robo tiene el sello de legalidad de la Corte. Si, la Corte del Acordeón.

Este episodio abre un debate ciudadano más amplio: ¿qué significa que la máxima autoridad judicial valide la apropiación de recursos privados? ¿Qué confianza puede tener un trabajador en que su ahorro será respetado? La respuesta es dura: ninguna.

La ciudadanía queda en estado de indefensión. El gobierno se apropia de lo que no es suyo, y la Corte lo respalda. El mensaje es devastador: el ahorro de los trabajadores ya no está protegido por la ley, sino expuesto a la necesidad política del momento.

El ahorro privado es parte de la seguridad social, y su respeto es condición básica para la confianza en las instituciones. Cuando esa confianza se rompe, no solo se vulnera el bolsillo de los adultos mayores: se debilita la idea de que el ciudadano puede construir un futuro con certeza.

La Corte ha decidido que el bienestar se financia con el despojo. El ciudadano, en cambio, entiende que el bienestar se construye con respeto, legalidad y confianza. Y esa diferencia marcará el rumbo de nuestra convivencia social en los próximos años.