Testigo fiel

La Canaco, secuestrada por la política

La Canaco Servytur Villahermosa dejó de ser únicamente la voz del sector empresarial. Hoy, bajo la conducción de una dirigente que también opera políticamente para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha impulsado una narrativa sobre la inseguridad para confrontar la gestión del gobernador Javier May Rodríguez.

El nombramiento de Leidi Susana León Sánchez como coordinadora de Acción Política del PVEM en el distrito 10, impulsada por Evaristo Hernández Cruz, aspirante a la alcaldía de Centro, terminó por confirmar que la cámara empresarial dejó de ser un organismo de representación para convertirse en un trampolín político.

La propia Ley de Cámaras Empresariales, como aquí se ha dicho, establece que sus dirigentes deben mantenerse al margen de la actividad partidista para preservar la autonomía e imparcialidad de las organizaciones empresariales. 

Sin embargo, León Sánchez sostiene que puede desempeñarse simultáneamente como dirigente de la Canaco y operadora política del Partido Verde, una postura que inevitablemente coloca al organismo bajo sospecha.

Esa mezcla entre representación empresarial y activismo partidista ha tenido consecuencias que comienzan a hacerse públicas.

Desde la Canaco se han impulsado conferencias y posicionamientos que buscan instalar la percepción de que la inseguridad en Tabasco está fuera de control, minimizando o descalificando las acciones emprendidas por los gobiernos federal y estatal para enfrentar a la delincuencia.

El episodio más reciente fue el supuesto secuestro exprés, acoso sexual y amenazas, denunciados por el expresidente de la Cámara y actual consejero, Manuel Miranda Hernández. 

Sin embargo, durante la conferencia de prensa realizada en las instalaciones del organismo, el propio empresario reconoció que el conflicto estaba relacionado con una deuda económica y con disputas internas por el control de la Canaco, no con un hecho derivado de la inseguridad que vive el estado.

Tan pronto se hizo pública la denuncia, el fiscal general del Estado, Tonatiuh Vázquez Landeros, acudió personalmente para ofrecer el respaldo institucional e iniciar las investigaciones correspondientes. 

La reacción de la autoridad dejó claro que no existía indiferencia frente a los hechos denunciados un día sí y el otro también desde la Cámara de Comercio.

Así las cosas, lo que hoy ocurre en la Canaco parece responder más a una disputa por el control del organismo que a una crisis de seguridad pública. 

Sin embargo, esa confrontación interna ha terminado siendo utilizada para alimentar un discurso a conveniencia del Partido Verde para sacar raja política rumbo a las elecciones de 2027.

La verdadera crisis de la Canaco no está en las calles, sino dentro de sus propias oficinas. Mientras su dirigencia siga confundiendo la representación de los comerciantes con la operación política de un partido, el organismo se irá alejando de los objetivos y de los reales intereses para el que fue creado.