A Tabasco

Tabasco 2027: la prueba de la democracia constitucional

Existe una idea equivocada, profundamente arraigada en buena parte de las democracias contemporáneas: creer que la democracia concluye cuando se cierra la última casilla. En realidad, es exactamente ahí donde comienza su prueba más compleja.

Organizar elecciones es una obligación administrativa; reconocer sin reservas la voluntad popular es una responsabilidad constitucional. La diferencia entre ambas explica por qué algunos países celebran elecciones periódicas sin alcanzar una democracia plenamente consolidada.

En Tabasco, el proceso electoral de 2027 representa mucho más que la renovación de cargos públicos. Constituye una prueba para la madurez institucional del sistema político estatal. Después de varios años de predominio de una misma fuerza política, la competencia comienza a adquirir nuevos matices. La ciudadanía observa, compara y evalúa con mayor exigencia el desempeño de los gobiernos, mientras las fuerzas opositoras buscan construir alternativas. Esa evolución es propia de toda democracia competitiva y no debería interpretarse como una anomalía, sino como una consecuencia natural del pluralismo político.

Precisamente por ello, el papel del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco adquiere una relevancia histórica. Su función no consiste únicamente en organizar elecciones técnicamente impecables. Su verdadera misión constitucional es proteger un principio mucho más profundo: que el poder público nazca exclusivamente de la voluntad ciudadana expresada conforme a la ley.

La legitimidad democrática no depende solamente del origen electoral de los gobiernos; depende también de la confianza que la sociedad deposita en las instituciones encargadas de arbitrar la competencia política. Esa confianza constituye un activo institucional extraordinariamente frágil. Se construye durante años, pero puede erosionarse rápidamente cuando amplios sectores sociales perciben —con razón o sin ella— que las reglas del juego no son iguales para todos.

Por esa razón, las autoridades electorales no pueden limitarse a ser imparciales; deben ser percibidas como imparciales. En una democracia constitucional, la legitimidad no descansa únicamente en la corrección jurídica de las decisiones, sino también en la confianza pública de que dichas decisiones responden exclusivamente al derecho y no a intereses políticos. La independencia institucional no es solo un atributo legal; es una condición indispensable para preservar la credibilidad del sistema democrático.

La historia comparada demuestra que las democracias rara vez se debilitan por la ausencia de elecciones. Con mayor frecuencia se erosionan cuando los ciudadanos dejan de confiar en que su voto puede traducirse efectivamente en una decisión de gobierno. Cuando esa confianza desaparece, el sufragio pierde parte de su capacidad transformadora y la participación política comienza a deteriorarse.

Por ello, el mayor desafío de las autoridades electorales no será administrar un calendario electoral ni resolver procedimientos administrativos. Su verdadero desafío consistirá en garantizar que ninguna fuerza política, independientemente de su posición en el poder o en la oposición, reciba un trato privilegiado. La igualdad ante la ley constituye el fundamento mismo de la competencia democrática.

Si el electorado tabasqueño decide mantener el rumbo político actual, esa decisión deberá ser reconocida con absoluto respeto. Si opta por una alternancia democrática, la respuesta institucional deberá ser exactamente la misma. El principio jurídico no cambia porque cambie el ganador. La legalidad no distingue colores partidistas; únicamente reconoce la voluntad soberana expresada en las urnas.

En este sentido, la responsabilidad del INE y del IEPCT trasciende el ámbito electoral. Sus decisiones contribuirán a definir el nivel de confianza que la sociedad depositará en las instituciones durante la próxima década. Una elección bien organizada puede ser olvidada con el tiempo; una elección cuyo resultado sea ampliamente reconocido por su legalidad fortalece la cultura democrática de toda una generación.

La democracia no exige que siempre ganen los mismos ni que necesariamente triunfen quienes representan la alternancia. Exige algo mucho más difícil: que las instituciones tengan la fortaleza suficiente para reconocer, proteger y hacer valer el mandato ciudadano, cualquiera que este sea.

Porque la esencia de una democracia constitucional no consiste en garantizar la permanencia de un proyecto político, sino en asegurar que ningún proyecto político sea superior a la voluntad popular. Ese es el principio que distingue a un Estado de derecho de un régimen de mayorías permanentes.

La elección de 2027 será, sin duda, una competencia entre partidos. Pero la historia juzgará algo más importante: si Tabasco demostró que sus instituciones son capaces de reconocer el triunfo de cualquier fuerza política cuando así lo determine la ciudadanía. En ese momento no estará en juego únicamente el resultado de una elección; estará en juego la credibilidad de la democracia tabasqueña.