Agua y pantano

Mentir, como política de Estado

En México, la mentira en el discurso público ha dejado de ser un desliz para convertirse en práctica recurrente y hasta política de Estado. Funcionarios del más alto nivel, como presidentes de la república, gobernadores, alcaldes, legisladores, dirigentes partidistas y sindicales,  son exhibidos con frecuencia por emitir afirmaciones falsas, engañosas o deliberadamente distorsionadas. 

El problema no es menor: cuando quien detenta el poder miente, no solo incurre en una falta ética o moral, sino que compromete la integridad misma del orden jurídico.

En términos normativos, la mentira de un servidor público puede configurar responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales. El marco jurídico mexicano contempla figuras como el uso indebido de atribuciones, la falsedad en declaraciones o el abuso de autoridad. Sin embargo, en la práctica, estas conductas rara vez se sancionan. 

En países como el Reino Unido, mentir al Parlamento puede implicar la renuncia inmediata de un funcionario, como ocurrió con varios miembros del gobierno de Boris Johnson durante los escándalos del “Partygate”(https://www.youtube.com/watch?v=Xh4YgUk_WMk). En Alemania, la falsedad en declaraciones públicas ha provocado dimisiones de ministros por considerarse incompatible con la función pública. Incluso en sistemas presidencialistas como Estados Unidos, mentir bajo juramento o engañar al Congreso puede derivar en procesos de destitución (impeachment), como el que enfrentó Bill Clinton en 1998 (https://guides.loc.gov/federal-impeachment/bill-clinton).

La diferencia no radica únicamente en la existencia de normas, sino en la cultura política y en la fortaleza institucional. En estos sistemas, la mentira pública es entendida como una ruptura del principio de confianza, elemento central en la relación entre gobernantes y gobernados. La sanción, ya sea política o jurídica, opera como mecanismo de control democrático.

En México, por el contrario, la reiteración de declaraciones falsas sin consecuencias genera un efecto acumulativo: la normalización e institucionalización en los hechos de la mentira. 

Este fenómeno no puede analizarse de manera aislada, se inserta en un contexto más amplio caracterizado por la debilidad del Estado de derecho y la persistencia de prácticas informales que distorsionan el funcionamiento institucional. 

Como advierte la literatura especializada, la fragilidad en el cumplimiento de la ley es una de las dimensiones que explican la consolidación de regímenes híbridos, donde coexisten elementos democráticos con prácticas autoritarias.

La mentira sistemática desde el poder impacta directamente en dos dimensiones críticas: primero, erosiona la rendición de cuentas; si el discurso oficial pierde credibilidad, los mecanismos de control se vuelven menos eficaces; y segundo, se deteriora la confianza ciudadana. 

Sin confianza, el cumplimiento voluntario de la ley disminuye, y el orden jurídico depende cada vez más de la coerción.

Este deterioro no es abstracto, tiene efectos concretos en la gobernabilidad; la desinformación oficial puede distorsionar decisiones públicas, debilitar políticas públicas y generar incertidumbre en ámbitos clave como la seguridad, la economía o la salud. 

En contextos de violencia y criminalidad, como el que enfrentamos en México, la falta de veracidad institucional agrava la percepción de vulnerabilidad y la desconfianza hacia las autoridades.

Más aún, la tolerancia a la mentira pública se vincula con fenómenos de mayor profundidad, como la corrupción. Cuando no hay consecuencias por falsear la realidad, se envía un mensaje implícito de permisividad. Esto refuerza un círculo vicioso en el que la ilegalidad y la simulación se convierten en prácticas funcionales dentro del sistema político.

El problema, por tanto, no es solo ético, es estructural. Un Estado que no sanciona la mentira de sus funcionarios debilita su propia legitimidad y sin legitimidad, el ejercicio del poder pierde sustento democrático.

Lo que está en juego

Desde una perspectiva de derechos humanos, la mentira pública no es un asunto menor, es una afectación directa al derecho a la verdad y al acceso a la información de los ciudadanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el Estado tiene la obligación de garantizar información veraz, especialmente en contextos de violencia y violaciones graves.

¿Qué hacer frente a esto?

Primero, asumir que la mentira deliberada desde el poder debe tener consecuencias. No se trata de criminalizar el error, sino de establecer responsabilidades claras cuando exista intención de engañar en asuntos públicos.

Segundo, fortalecer los contrapesos y garantizar una verdadera división de poderes. 

Tercero, reactivar el control político. Las comparecencias y los informes frente al Congreso no pueden seguir siendo ejercicios de simulación. La rendición de cuentas debe ser verificable.

Y cuarto, reconocer el papel del periodismo. En contextos como el de México, donde la narrativa oficial compite con la realidad cotidiana, la labor informativa se vuelve un contrapeso indispensable.

Si no se corrige

Las consecuencias ya se están viendo. La confianza en las instituciones se erosiona, la legalidad pierde sentido práctico y la violencia encuentra terreno fértil en la opacidad.

Pero hay algo más profundo: se instala una cultura política donde la verdad deja de importar y cuando eso ocurre, el problema ya no es solo quién gobierna, sino cómo se gobierna.

Porque un gobierno que puede mentir sin consecuencias es, en los hechos, un gobierno que ya no está obligado a decir la verdad.

Y un Estado que no está obligado a la verdad, difícilmente puede sostenerse en el derecho.