Agua y pantano

Cambiarle el nombre a la policía; otra ocurrencia

En México parece haberse instalado una nueva moda en materia de seguridad pública: desaparecer el nombre de Policía Estatal para sustituirlo por denominaciones que proyecten una imagen distinta ante la ciudadanía. Ahí están la Guardia Estatal de Tamaulipas, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, la Guardia Civil de Michoacán, la Fuerza Civil de Nuevo León y Veracruz, así como la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, entre otros ejemplos. 

Ahora Tabasco se suma a esa tendencia, luego de la reforma publicada el 1 de julio en el Periódico Oficial del Estado, con la cual la Policía Estatal desaparece jurídicamente para dar paso a la Guardia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Lo interesante no es el cambio de nombre, sino la justificación que lo acompaña. El propio decreto sostiene que la reforma busca una "transformación simbólica y comunicativa" que permita reconstruir la relación entre la ciudadanía y las instituciones policiales. Asimismo, afirma que el cambio responde a la necesidad de alinear la estrategia estatal con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Hasta ahí no hay ninguna novedad. La política criminal mexicana está constitucional y legalmente articulada bajo un sistema nacional coordinado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Las entidades federativas, por definición, deben armonizar sus estrategias con la política nacional. No hacía falta cambiarle el nombre a la policía para cumplir una obligación jurídica que ya existía.

Reforma sin soporte técnico

Más cuestionable resulta el intento por fundamentar la reforma en uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El decreto cita el objetivo de fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social, mejorar el diálogo con los distintos sectores de la sociedad, fomentar la cultura de paz y fortalecer la atención a las víctimas.

Sin embargo, el argumento no resiste un análisis técnico. Cambiar la denominación de un órgano desconcentrado de Policía Estatal a Guardia Estatal no fortalece la prevención; tampoco desarrolla capacidades de proximidad social; no mejora el diálogo con la ciudadanía; no promueve la cultura de paz ni transforma la atención a las víctimas. 

Es un cambio accesorio que incide en la imagen institucional, en la identidad gráfica, en la cromática, en el logotipo y, probablemente, en los uniformes y el parque vehicular, pero no modifica la filosofía policial, la doctrina institucional, los procesos de formación, la especialización del personal ni la calidad de los servicios que recibe la población.

Resulta inevitable recordar que en el sexenio 2006-2012, por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se impulsó exactamente la política contraria. Durante la implementación del Modelo de Policía Estatal Acreditable y los lineamientos nacionales de identidad institucional se promovió la homologación de colores, patrullas, insignias, uniformes y emblemas de las corporaciones estatales y municipales. 

Aquella política implicó inversiones multimillonarias financiadas con recursos públicos bajo la premisa de construir una identidad policial reconocible en todo el país. Hoy, sin una evaluación pública de aquella estrategia, se vuelve a modificar la imagen institucional, nuevamente con cargo al erario.

Congreso de levanta dedos

La pregunta es obligada: ¿dónde está el estudio técnico que demuestra que cambiar el nombre de una policía mejora la percepción ciudadana o reduce los índices delictivos?

Una reforma de esta naturaleza debió estar precedida por consultas públicas, mesas de trabajo, foros especializados y comparecencias de expertos nacionales e internacionales en seguridad pública, administración policial, criminología y derechos humanos. Debió acompañarse de estudios comparados, análisis de impacto presupuestal y evidencia empírica que justificara la conveniencia del cambio. Nada de eso ocurrió.

El Congreso del Estado perdió nuevamente la oportunidad de ejercer su función como auténtico contrapeso del Poder Ejecutivo. En lugar de abrir el debate, convocar especialistas, enriquecer la iniciativa o incluso cuestionarla, la aprobó con la rapidez que ya se ha vuelto costumbre. Esa práctica convierte al Poder Legislativo en una simple oficialía de partes donde predominan los levanta dedos y los calienta sillas, cuando precisamente su responsabilidad constitucional consiste en deliberar, revisar, corregir y perfeccionar las propuestas gubernamentales antes de convertirlas en ley.

Reforma costosa y sin beneficios

Lo verdaderamente preocupante es que esta reforma puede anticipar un gasto público considerable para sustituir letreros, pintar edificios, rotular patrullas, adquirir nuevos uniformes, modificar papelería oficial, actualizar insignias y desplegar campañas de comunicación destinadas a convencer a la sociedad de que la transformación policial llegó a Tabasco.

Pero la confianza ciudadana no se compra con pintura, la realidad sigue siendo la misma. Tabasco continúa enfrentando una profunda crisis de seguridad con una corporación cuya profesionalización sigue siendo insuficiente, que arrastra problemas históricos de infiltración criminal, que inspira más temor que confianza entre amplios sectores de la población y cuyo modelo operativo continúa privilegiando la reacción sobre la prevención.

La transformación que necesita la institución policial no pasa por cambiar su nombre. Pasa por cambiar su modelo.

Un modelo centrado en la proximidad social; en la prevención de las violencias; en la mediación policial; en la justicia cívica; en la profesionalización permanente; en la evaluación del desempeño; en el fortalecimiento de los controles internos; en la rendición de cuentas; en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en la construcción de gobernanza en comunidades marcadas por la violencia y la desconfianza institucional.

Paradójicamente, muchas de esas respuestas ya estaban planteadas en la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública y, sobre todo, en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, hoy prácticamente relegado al cajón del olvido.

En lugar de desarrollar esas políticas públicas con sustento metodológico, científico y evidencia comparada, una vez más se apuesta por el simbolismo. Se cambia el nombre para aparentar que cambió la institución.

Pero una policía no deja de ser policía porque le cambien el uniforme. Tampoco recupera la confianza ciudadana porque la llamen Guardia Estatal. La legitimidad no se decreta; se construye. Y esa construcción exige mucho más que un nuevo logotipo.